La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, han visitado a varias de las empresas afectadas por el desalojo del edificio de Santa Clara el pasado noviembre. Durante su encuentro, han constatado que los seis negocios evacuados ya se encuentran reubicados y funcionando con normalidad. De hecho, algunas de las empresas "prácticamente a las 24 horas, ya estaban facturando y trabajando todos sus empleados", según ha explicado Orduna, lo que demuestra la rápida recuperación de su actividad económica y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. El Gobierno de Aragón ha movilizado una línea de ayudas de hasta 531.000 euros, que podría ser ampliable si fuera necesario, para cubrir gastos como el alquiler, el traslado de mobiliario o incluso el lucro cesante. Hasta la fecha, las empresas han solicitado un total de 231.000 euros, y solo una de ellas ha decidido no acogerse a la convocatoria. Mar Vaquero ha destacado la eficacia de la respuesta institucional, que ha permitido a los negocios retomar su pulso económico en poco más de un mes desde el incidente. La vicepresidenta ha querido resaltar el lado humano de esta crisis, subrayando que la prioridad no eran solo las familias desalojadas de sus viviendas, sino también los negocios. "Es verdad que también esos negocios son familias. Detrás de cada uno de esos empleados y puestos de trabajo hay una familia y lo más reconfortante de todo es saber que ya están trabajando", ha afirmado Vaquero, poniendo en valor la importancia de mantener el tejido empresarial. En paralelo, el Ayuntamiento de Huesca ha destinado una partida de 333.000 euros en sus presupuestos, aprobados el pasado 7 de enero, para ayudar a las familias afectadas. Estos fondos se distribuirán a través de una convocatoria de subvenciones con bases específicas para cubrir gastos de alojamiento, la instalación de puntales y ayudas directas a los vecinos para que puedan hacer frente a esta situación sobrevenida. La alcaldesa Lorena Orduna ha anunciado una de las medidas más esperadas por los afectados, confirmando que la solución habitacional es inminente. "A partir del día 10 habrá 51 personas realojadas tras abandonar, pues, los hoteles en los que han estado todo este mes". Estas familias serán acogidas en centros como Cruz Blanca, o las Carmelitas gracias a convenios firmados por el consistorio, garantizando así una transición ordenada. El servicio para los realojados garantiza no solo el alojamiento definitivo, sino también la manutención completa, con desayuno, comida y cena proporcionados por las cocineras del refugio municipal. "Sigue todo igual. Hasta que vuelvan a sus casas, sigue todo igual", ha remarcado la alcaldesa, asegurando la continuidad del apoyo integral a todos los afectados. Conscientes de la complejidad burocrática, ambas administraciones han puesto en marcha un sistema de apoyo para facilitar la solicitud de las ayudas. La ventanilla única de gestión, que ya ofrecía atención individualizada, ayudará ahora a los afectados a completar toda la documentación necesaria. "Sabemos que es una documentación tediosa, hay gente mayor, hay muchas familias de diferentes perfiles, y por eso en esa oficina pueden acudir todos y se les ayudará", ha detallado Orduna. Por su parte, el Gobierno de Aragón ya ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) las bases reguladoras de su propia línea de ayudas a particulares por la pérdida de la vivienda. Aunque los importes aún no están definidos, Mar Vaquero ha reiterado el compromiso del ejecutivo. "Es una situación de emergencia, de urgencia, y lo que se hará, si en su caso se quedara corto, será la posibilidad de ampliar", ha asegurado, confirmando que la convocatoria se adaptará a la estimación final de los daños. La colaboración institucional entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón ha sido clave para dar una respuesta coordinada y ágil a la crisis de Santa Clara. El objetivo, según han manifestado ambas dirigentes, era ser "muy rápido y eficaces", un compromiso que se ha materializado en la plena operatividad de las empresas y la garantía de una solución habitacional y económica para todas las familias afectadas mientras esperan poder regresar a sus hogares.