La contratación del servicio de alimentación en las cárceles plantea una pregunta incómoda que el Estado sigue evitando: ¿por qué, durante 13 años, una sola empresa ha concentrado este negocio sin enfrentar competencia real? En cualquier mercado sano, esa situación sería una señal de alerta, principalmente porque se financia con fondos públicos. Resulta difícil creer que, en más de una década y con contratos que suman cientos de millones de dólares, este negocio no haya despertado el interés de otros proveedores capaces de competir.