Los vecinos de la Cañada Real inician el que será su sexto año con el suministro eléctrico cortado, pese a que el Consejo de Europa ha confirmado que esto constituye una clara vulneración de la Carta Social Europea. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid desprecian e insisten en el abandono de miles de ciudadanos vulnerables, a los que también castiga con el derribo de sus casas. Uno de los impulsores de esta persecución es Julio César Santos, quien sigue firmando órdenes de derribo pese a estar condenado a nueve años de inhabilitación por mandatar una demolición ilegal en la zona. La Audiencia Provincial de Madrid condenó en julio de 2025 al jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid por incurrir en un delito de prevaricación administrativa al ordenar tres años antes una demolición ilegal. La sentencia, sobre la que aún cabía recurso en instancias superiores, establece un periodo de nueve años inhabilitación especial para el desempeño de un cargo público relacionado con el urbanismo y condena al alto cargo de José Luis Martínez-Almeida a indemnizar al afectado. Sin embargo, Santos continúa firmando órdenes de derribo que están llegando a los vecinos de la Cañada Real. El jefe Urbanismo "actuó a sabiendas de la injusticia que se cometía máxime teniendo en cuenta que de la demolición impedía de facto la posibilidad de recurrir con éxito en vía contenciosa haciéndola ilusoria" e incurrió en "una actividad administrativa injusta y obviando cualquier garantía para el administrado". No obstante, Almeida considera que sigue teniendo legitimidad para tirar abajo las casas de los mismos vecinos que contemplaron sus ilegalidades, tal y como demuestran las órdenes firmadas que han llegado a la Cañada Real meses después de que se emitiese el fallo del tribunal. "No se trató de un error administrativo ni de una interpretación discutible de la norma, fue un abuso consciente del poder público. No se trata de un hecho aislado, sino de una práctica reiterada que las vecinas llevan años denunciando", denuncian PAH Vallekas y Asociación Cultural de Mujeres Tabadol, haciendo hincapié en el "patrón de acoso" que las administraciones despliegan contra los vecinos. La sentencia pareciera demostrar que las prácticas administrativas arbitrarias e ilegales, "que no son sino una demostración y ostentación de poder", no quedan impunes. Pero nada más lejos de la realidad. Persecución y abuso de poder Este funcionario continúa firmando órdenes de derribo de viviendas en la Cañada Real, lo que evidencia que "el abuso de poder no solo no se ha detenido, sino que se produce con total normalidad". "Son más de 30 familias de Cañada Real las que han recibido notificaciones de desalojo y órdenes de derribo firmadas por este mismo funcionario", espetan los vecinos, lamentando que el Ayuntamiento esté procediendo como si la sentencia "no existiera". Es más, pareciera que el Ayuntamiento, remitiendo estas órdenes justo cuando se cumplían cinco años desde que se cortó la luz en la zona, se estuviese mofando de los vecinos. "Llegan el mismo día que se...