La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha valorado de forma positiva la eficacia policial desplegada durante la macrofiesta ilegal celebrada en el embalse de Cenajo, en el término municipal de Férez, cerca de Hellín, que se ha saldado con 63 personas detenidas y la incautación de 16 vehículos pesados. Sin embargo, el sindicato pone el foco en lo que califica como un «despropósito» organizativo y económico, al estimar que el coste del operativo ha superado los 400.000 euros para las arcas públicas, sin incluir los gastos derivados de la limpieza de la zona ni las reparaciones de los vehículos dañados. Según han informado a ABC fuentes de la AUGC, la falta de medidas de prevención y de inteligencia previa ha obligado a desplegar un dispositivo «desmesurado», con un impacto económico y humano que consideran evitable. La intervención se ha prolongado durante ocho días y ha requerido la movilización de cerca de 300 efectivos de distintos puntos del país. La asociación denuncia que para hacer frente a esta 'rave' se han tenido que «vaciar» unidades de toda España. En el operativo han participado efectivos de las USECIC de Alicante, Almería, Castellón, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara, Murcia, Toledo y Valencia , además de Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) procedentes de León, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza. El dispositivo ha funcionado con turnos de gran presión, con una media de 18 efectivos de GRS y 10 de USECIC por turno, encargados de proteger una zona de alto valor ecológico catalogada como ZEPA, que aun así ha sufrido daños pese al esfuerzo policial. AUGC cifra en más de 400.000 euros el gasto directo del operativo. De esta cantidad, alrededor de 250.000 euros corresponden a costes de personal, derivados principalmente de sueldos y servicios extraordinarios en días festivos. A ello se suman unos 100.000 euros en dietas y alojamiento, ya que la movilización de unidades desde provincias lejanas ha obligado a sufragar hoteles y manutención completa. Además, la asociación subraya el gasto en logística, combustible y medios aéreos, así como los daños sufridos por la flota oficial. Al menos tres vehículos de la Guardia Civil han resultado con graves desperfectos en la chapa y rotura de cristales traseros tras el lanzamiento de objetos durante los disturbios. Más allá del impacto económico, AUGC alerta de un «coste humano» que considera aún más grave. Denuncia que el operativo se ha sostenido a costa de la salud de los agentes desplazados, sometidos a turnos intensivos y a una gestión del personal que califican de injusta. Entre las situaciones denunciadas figuran los llamados «dobletes inhumanos», con jornadas de más de diez horas encadenadas y descansos inferiores a seis horas entre servicios. Además, la asociación habla de un «agravio comparativo inaceptable» en los descansos, al asegurar que se han retirado descansos festivos y semanales a las USECIC de Castilla-La Mancha, mientras que unidades locales de Albacete pudieron disfrutar de permisos durante fechas señaladas como Año Nuevo o la Cabalgata de Reyes. «Es inaceptable desplazar a compañeros a más de 400 kilómetros y privarles de sus derechos para que el personal de la demarcación disfrute de las fiestas», señala la AUGC. La asociación recuerda que, a diferencia de un festival legal, que asume el coste de su propia seguridad, en este caso el Ministerio del Interior ha gastado cientos de miles de euros en vigilar a unas 3.500 personas y cerca de 2.000 vehículos. Para AUGC, este gasto es consecuencia directa de la ausencia de una estrategia de prevención ante un fenómeno que se repite cada año. Como solución, propone establecer una alerta preventiva real en los días clave, con todas las USECIC y los GRS en preaviso y la articulación de estos dispositivos mediante Servicios de Prestación Combinada. A su juicio, solo así se podrá garantizar una respuesta rápida y eficaz sin improvisaciones y sin vulnerar los derechos laborales de los agentes.