La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) , liderada por Frank Sauerbaum (jefe) y Carla Morales (subjefa), envió una carta a Roberta Clarke , presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestando su preocupación por el fallo de la Corte Suprema sobre cambios en condenas por delitos de lesa humanidad . Según se dio a conocer a fines del año pasado, el máximo tribunal dictó sentencia en el cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) , que condenó al Estado de Chile en el "Caso Vega González y otros vs Chile" por la aplicación de la figura de la media prescripción en crímenes en casos de secuestros y homicidios calificados como de lesa humanidad . Los parlamentarios cuestionaron esta determinación y pidieron a la líder del organismo que considere la adopción o promoción de alguna medida que permita evitar que " bajo el pretexto del cumplimiento internacional , se consoliden prácticas contrarias al debido proceso y al principio de legalidad ". En la misiva, expusieron que la inquietud se origina en " la implementación de un procedimiento que carece de una base legal expresa en el ordenamiento jurídico interno, particularmente con el principio de legalidad penal, la garantía del debido proceso y la intangibilidad de la cosa juzgada". Sauerbaum y Morales advierten sobre una "paradoja difícil de soslayar": la aplicación de medidas en nombre de la protección de derechos humanos que, a su vez, vulneran garantías fundamentales. (FOTO: Cedida). En esa línea, Sauerbaum y Morales afirmaron que es preocupante que, "en cumplimiento de un mandato internacional, se haya procedido a modificar una sentencia penal firme , aumentando la pena originalmente impuesta y ordenando una nueva privación de libertad , sin que exista una norma legal previa, clara y expresa que habilite tal revisión en perjuicio del condenado". Por lo que, según los legisladores, " compromete gravemente el principio de seguridad jurídica y el estándar mínimo de previsibilidad que debe regir toda actuación estatal en materia penal, conforme tanto al derecho interno como a los tratados internacionales de derechos humanos". Los cuestionamientos contra la medida También expusieron que la situación "revela una paradoja difícil de soslayar: en nombre de la protección de los derechos humanos, se termina por vulnerar garantías fundamentales que forman parte esencial del mismo corpus iuris (cuerpo de derecho) interamericano, como lo son el debido proceso, la legalidad penal estricta y la prohibición de la aplicación retroactiva de normas e interpretaciones más gravosas" . Y enfatizaron que defender los DD.HH. "no puede ni debe implicar su relativización" . Afirmaron que con esta carta no se busca desconocer "la gravedad de los hechos sancionados ni las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile, sino que advertir que la magnitud de lo resuelto por la Corte Interamericana de DD.HH. parece exceder con creces el mandato contenido en el artículo 68 N°1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ". Mientras que precisaron que, tanto en la Convención Americana como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, "destacan la seguridad jurídica, la cosa juzgada y el principio de legalidad penal, pilares esenciales del debido proceso y de toda democracia liberal ". Según los legisladores, estas decisiones "desdibujan la separación de funciones" al crear o modificar efectos jurídicos que corresponden privativamente al Congreso Nacional. (FOTO: ATON) Sauerbaum y Morales reiteraron su preocupación en el sentido que " bajo la lógica del cumplimiento internacional , se adopten decisiones que, en los hechos, suponen crear, modificar o suprimir efectos jurídicos no previstos por la ley vigente al momento de dictarse las sentencias originales". Lo que tensiona "y desdibuja la separación de funciones que caracteriza a nuestro diseño constitucional , en el cual la creación o modificación de normas jurídicas corresponde de manera privativa al Congreso Nacional y al poder jurisdiccional". Finalmente, pidieron a la titular de la Comisión Interamericana de DD.HH., que considere "adoptar o promover alguna medida que permita evitar que, bajo el pretexto de cumplimiento internacional, se consoliden prácticas contrarias al debido proceso y al principio de legalidad, pilares indispensables de toda democracia constitucional". Los detalles de la sentencia En la sentencia, la Segunda Sala de la Suprema se pronunció sobre la decisión del tribunal internacional que ordenó revisar y/o anular las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación inconvencional de la media prescripción en 14 casos planteados ante el sistema Interamericano de Derechos Humanos . La sentencia implicó el aumento de penas para exagentes de la DINA como Álvaro Corbalán Castilla y Miguel Krassnoff Martchenko, entre otros condenados. (FOTO: ATON) La Sala Penal, tras una audiencia especialmente agendada para escuchar los alegatos de las partes, desestimó que se encuentre vulnerada la soberanía nacional al dar cumplimiento a la sentencia del tribunal internacional y aumentó penas aplicadas . En algunos casos se disminuyó las sanciones corporales por tratarse de sentenciados adultos mayores. Debido a esto, se informó del aumento de las penas para los exagentes de la DINA Álvaro Corbalán Castilla, Miguel Krassnoff Martchenko, Rolf Wenderoth Pozo, Jorge Vargas Bories, Raúl Iturriaga Neumann y Fernando Lauriani Maturana, entre otros.