El debate sobre los modelos de financiación autonómicas ha estado tradicionalmente envenenado en España. En lugar de ser la resultante de un diálogo sobre las necesidades de los territorios y la reducción de las desigualdades, acaba siendo un mero mercadeo político en el que pesa más el rédito partidista inmediato que la solución de los problemas de la población. Así, acaba convertido en objeto de controversia entre el Gobierno y la oposición en el que la racionalidad desaparece y los consensos son poco más que imposibles.