El debate sobre los modelos de financiación autonómica ha estado tradicionalmente envenenado en España. En lugar de ser el resultado de una discusión sobre las necesidades de los territorios y la reducción de las desigualdades, termina convertido en un mercadeo político donde pesa más el rédito partidista inmediato que la solución de los problemas de la ciudadanía. A menudo, además, deriva en un pulso entre Gobierno y oposición en el que la racionalidad se diluye y los consensos se vuelven casi inalcanzables. Esta vez no ha sido distinto. Si primero fue el PSOE por su pacto parlamentario con CiU; después, el PP con ese mismo socio; y, en la última ocasión, el PSOE con Esquerra, ahora se repite el patrón.