El órgano rector en materia electoral en el país tendrá la responsabilidad de definir si la iniciativa radicada por un grupo de ciudadanos, impulsados por miembros del gabinete del jefe de Estado, es consecuente o no; en un proceso que le ha valido fuertes críticas al líder progresista por la promesa que en el pasado hizo de no apoyar este tipo de procesos