En 2025, más de 7.300 inmigrantes irregulares llegaron a las costas de Baleares a bordo de unas 400 pateras, a través de la ruta argelina, que ya es la más transitada hacia España. Este tráfico incesante, como era de esperar, no ha cambiado con el nuevo año, ya que recién inaugurado, 75 inmigrantes fueron rescatados tras llegar en cuatro pateras a Cabrera y Formentera.A ello hay que sumar las víctimas de este drama humanitario. Al menos 1.037 personas han desaparecido durante 2025 en el principal corredor migratorio hacia España, según la organización Caminando Fronteras, que señala nuestras costas como «un laboratorio de la necrofrontera».El Partido Popular de Baleares hemos llevado esta realidad al Congreso Interparlamentario celebrado en A Coruña durante los pasados días 10 y 11 de enero para que la voz de las Islas esté presente en uno de los asuntos que más nos preocupan como frontera sur de Europa.Los viajes en pateras-taxi se suceden. Es el negocio de la inmigración clandestina que juega con la desesperación de las personas, que pagan 5.000 euros a las mafias para emprender el que puede ser su último viaje, a través de la ruta más peligrosa del mediterráneo.Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden ser el dique de contención de 1.600 kilómetros de costa sin medios humanos y materiales. La falta de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil es alarmante y para ellos Baleares es un destino de paso.Ante esta situación de emergencia migratoria, el Gobierno de España tiene la competencia exclusiva conforme al artículo 149.1.2ª de la CE, pero ha abandonado a Baleares a su suerte.Desde el Gobierno de las Islas Baleares se actúa, pese a las limitadas competencias de las que disponemos en esta materia, para acoger a las personas que llegan a nuestras costas, y para poner freno al efecto llamada –que arriesga vidas, fomenta mafias y genera desorden en las fronteras– apostando por la ampliación a tres años de residencia para el acceso a la RESOGA y condicionada a itinerarios de inserción laboral.Las Islas Baleares estamos asumiendo en solitario la tutela de los menores no acompañados, dependiente de los Consejos Insulares, que, desbordados –al 1.000 % de sus posibilidades–, sin espacios ni profesionales suficientes, no pueden garantizar unas condiciones de acogida dignas.Dos de cada tres menores tutelados en las islas son menores no acompañados. No es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de capacidad.Desde la Comunidad Autónoma se están utilizando todas las vías políticas y jurídicas al alcance para garantizar el interés del menor y frenar un reparto injusto y arbitrario impuesto como moneda de cambio a los socios de Sánchez. Además, se realizan ortopantomografías con el acuerdo de la Fiscalía de Menores, que han puesto de manifiesto que el 60 % de las personas a las que se les ha realizado son adultos. Con ello se evita la convivencia en los centros de mayores y de menores de edad y seguir saturando los servicios de acogida.Se ha creado una deducción fiscal autonómica que afecta directamente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para plazas de difícil cobertura y, ante la inacción del delegado del Gobierno, Marga Prohens ha actuado con liderazgo y con responsabilidad en Europa solicitando la actuación permanente de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en Baleares.¿Cómo puede ser que Frontex no actúe de modo permanente en el principal punto migratorio de acceso a Europa? La activación de Frontex reduce drásticamente la inmigración irregular en los territorios donde se pone en marcha.El comisario europeo de Interior y Migraciones –Magnus Brunner– respondió con claridad: «Quien debe solicitarlo es el Gobierno de España, y a día de hoy no lo ha hecho».Necesitamos control en las fronteras, actuación en origen, revisión de los acuerdos bilaterales para agilizar las devoluciones, realizar esfuerzos diplomáticos con los países de origen y de tránsito y frenar la guerra híbrida que compromete la seguridad y el bienestar.Necesitamos soluciones reales para el control de las fronteras y una política de inmigración ordenada, legal y humana, pero por el momento, el Gobierno de España nos ha abandonado: a Baleares y a las víctimas de este drama humanitario.