El recurso a la deuda pública debe responder a situaciones excepcionales a las que hay que hacer frente necesariamente, pero el uso continuado del endeudamiento para el funcionamiento ordinario de las Administraciones Públicas conlleva un doble problema: aunque parezca que no, la deuda hay que pagarla, al igual que los intereses, en torno a los 40.000 millones de euros al año, a la vez que reduce la capacidad de actuación del Estado a medio y largo plazo.