A escasos siete meses de que termine el Gobierno de Gustavo Petro, las alarmas por nuevos contratos firmados en diversas carteras y entidades se incrementan cada vez más. Casualmente o no, se trata de despachos que ya han estado golpeados por distintos escándalos durante este periodo en la Casa de Nariño. Desde el Fondo del Ministerio de la Igualdad hasta presuntos contratos “a dedo” en despachos del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia), todos los casos llaman la atención, no solo porque esta administración entra en su etapa final, sino porque ocurren en medio del inicio de un año electoral especialmente convulso. Las coincidencias resultan más llamativas porque estos nuevos nombramientos en diferentes carteras han sucedido en un entorno de silencio y de lo que, coloquialmente, se conoce como “debajo de cuerda”. En solo una semana se dieron a conocer casos, por ejemplo, en el Ministerio de las TIC, en el Ministerio de Salud, en la Adres (Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) hasta en algunas EPS intervenidas, como Famisanar. El tema resulta aún más relevante porque los tiempos están marcando la pauta para que estos contratos aumenten y se firmen de manera cada vez más acelerada. Según Función Pública, hasta enero de este año el Gobierno puede celebrar nuevos contratos . La entidad precisó que no se pueden “celebrar de manera directa sin convocatoria pública desde el 31 de enero de 2026”. Por ello, en varias entidades, según denuncias, se estaría corriendo para “raspar la olla” y entregar contratos antes de elecciones. Lea aquí: “Lo principal en 2026 es proteger elecciones y la transición”: experto en seguridad habla sobre lo que le espera a Colombia tras elecciones A ello se suman las alertas hechas por la Misión de Observación Electoral (MOE) en su primer informe de observación sobre financiación de las campañas al Congreso. Entre el 8 de diciembre (2025) y el 8 de enero (2026) ellos identificaron que no estaba habilitada para consulta, en el aplicativo Cuentas Claras, los informes de ingresos y gastos de las distintas candidaturas. Alejandra Barrios, directora de la MOE, dijo que esta situación “impide conocer el origen, el monto y el destino de los recursos utilizados durante el primer mes de campaña”. Además, la MOE identificó, mediante herramientas de monitoreo, más de $300 millones invertidos en anuncios en Facebook e Instagram, pagados por 78 cuentas que promocionan candidaturas al Congreso en 2.000 anuncios. En noviembre del año pasado se dieron a conocer denuncias sobre supuestos despidos “masivos” en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En redes sociales, inicialmente, tomaron fuerza los reclamos de varios usuarios que afirmaron que les pidieron la “renuncia protocolaria inmediata” en ese despacho ministerial. Lea aquí: Denuncian que en año electoral la Adres quiere triplicar su planta y doblar su presupuesto a $99 mil millones | El Colombiano Justamente, una fuente del MinTIC, que fue consultada por este diario cuando se conocieron las denuncias, a finales de noviembre del año pasado, aseguró que “sé que quieren dejarnos desmantelado el Ministerio en temas técnicos muy importantes”. EL COLOMBIANO habló con el área de comunicaciones del MinTIC sobre estas denuncias, luego de que se hicieran públicas, y desde allí se aseguró que “cuando se posesiona un nuevo ministro o ministra es natural que se active el procedimiento propio de todo cargo de dirección en el Estado: la renovación del equipo de libre nombramiento y remoción. Estas posiciones, por su carácter estratégico y de alta responsabilidad, requieren plena confianza y afinidad con la visión del nuevo liderazgo”. Lo anterior se explica porque, durante el mes de septiembre, la ministra Carina Murcia Yela inició su gestión al frente de esta cartera. En esa misma comunicación, desde el Ministerio se le confirmó a este diario que se solicitó la salida de 14 funcionarios. Tras estos meses, ahora genera suspicacia que desde la entidad se estén buscando “acelerar” procesos de contratación. El apuro en esta cartera parece evidente. Este diario conoció un documento de ese despacho en el que se busca declarar días hábiles los fines de semana para lograr la firma de estas contrataciones. Todo, en medio del inicio de la temporada electoral que comienza con las votaciones al Congreso este próximo 8 de marzo. La decisión quedó consignada en la Resolución 05877 del 29 de diciembre de 2025, firmada por la secretaria general del Ministerio, Olga Isabel Buelvas Dickson, en la que se establece que serán considerados días hábiles los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero de 2026, “única y exclusivamente para adelantar los trámites y actuaciones administrativas requeridas en el marco de la gestión contractual” del MinTIC y del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En el documento, el Ministerio argumenta que la medida responde a la necesidad de garantizar la eficiencia administrativa y atender el cúmulo de procesos contractuales en curso. En ese sentido, se apoya en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha señalado que, por regla general, los sábados pueden considerarse días hábiles, “salvo norma en contrario”. Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, reveló que el fondo paralelo del Ministerio de la Igualdad, conocido como “FonIgualdad”, destinó $70.582 millones a cuatro contratos suscritos con Laborando S.A.S., una empresa de servicios temporales para vincular a “más de 3.304 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026”, un periodo que coincide con las elecciones. Además, expuso que, a través de este mismo fondo, se tercerizaron dos contratos de operadores logísticos para la realización de eventos, por un monto de $68.949 millones. Según dijo, la maniobra habría tenido como objetivo eludir la Ley 80 de contratación pública. Entérese: Más de $6.3 billones costará el proyecto del MinDefensa que pretende crear un escudo antidrones “Para evadir la ley y contratar a dedo, los contratos no los firmó MinIgualdad, sino el Fondo”, señaló Valencia. “Una feria de contratos, burocracia y derroche que se destapó gracias a la denuncia que hice en diciembre, ya que durante dos años el Fondo no publicó ningún contrato. Ya entendemos por qué”, aseguró la senadora. Advirtió que , a corte de noviembre de 2025, el Ministerio contaba con 191 contratistas y 541 funcionarios, y evidenció que ninguno de ellos pertenecía a la carrera administrativa ni hacía parte de la planta. Asimismo, indicó que, entre 2024 y 2025, el Fondo adscrito a MinIgualdad vinculó a 308 contratistas adicionales, pese a que estos cumplían las mismas funciones que le corresponden al Ministerio. Como si esta duplicidad de funciones no fuera suficiente, el Fondo firmó cuatro contratos con la empresa Laborando S.A.S., a través de los cuales solicitó el suministro de trabajadores temporales para distintos programas. Según Valencia, se contrataron “3.146 personas para el programa Jóvenes en Paz, 158 para el Sistema de Violencia Basada en Género, además de un número indeterminado para la gestión operativa del Fondo y otro número indeterminado para Agua es Vida”. Ese fondo, creado supuestamente para cerrar brechas, ha sido cuestionado por denuncias periodísticas de EL COLOMBIANO y otros medios. Aun así, la falta de transparencia persiste en la cartera, que está bajo la dirección del ministro Juan Carlos Florián.“Como si fuera poco, en el SECOP no hay publicadas facturas, anexos técnicos ni informes de supervisión de los contratos”, reveló. Agregó que, curiosamente, en diciembre “a duras penas publicaron los contratos”, luego de que ella advirtiera en el Congreso que el Fondo “no había publicado nada durante los dos años que llevaba funcionando”. Conozca: Así están “rifando” Famisanar: en mes y medio el nuevo interventor contrató 75 personas con un costo mensual de $700 millones EL COLOMBIANO conoció las movidas de cargos y contratos de dos entidades en pleno año electoral. En el Fondo de Adaptación, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, mandó sacar a 15 personas el 1 de enero para traer gente cercana antes de que aplique la Ley de Garantías. La protagonista de uno de esos frentes abiertos por la disputa del poder es Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y al mismo tiempo gerente encargada del Fondo de Adaptación. La función oficial del Fondo es ser “la entidad con la facultad de ejecutar proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático con un enfoque multisectorial y regional, además de los relacionados con el fenómeno de La Niña”. En la práctica, tiene una bolsa de presupuesto anual de $668 mil millones y una planta provisional que permite hacer contrataciones con facilidad. Sin embargo, se considera que el carácter del Fondo es más técnico que político, aunque ha primado más lo segundo recientemente. EL COLOMBIANO conoció en primicia que Angie Rodríguez habría dado la orden de sacar a 15 personas del Fondo de Adaptación el 1 de enero de este año , varios de ellos que han trabajado desde los gobiernos Santos y Duque y otros bajo este Gobierno.“Sin decirnos absolutamente nada, solo los que no estábamos en la resolución pues ya no hacíamos parte del Fondo (...) Se pierde memoria técnica de la entidad, que está haciendo muy mal manejada”, dice una funcionaria saliente bajo reserva. Al mismo tiempo que Rodríguez tomaba esa decisión, ya alistaba el nombramiento de otras 30 personas como reemplazo en el Fondo. En este caso, con el Fondo de Adaptación, los nuevos nombramientos de la gerente encargada ya están confirmados. Asimismo, solo durante la semana pasada, en la página de aspirantes de la Presidencia se han subido 19 hojas de vida para cargos en el Departamento Administrativo de la Presidencia. Corresponden a hojas de vida de funcionarios y funcionarias que aspiran a ser asesores en varios grados, lo que implica una escala salarial amplia. Según fuentes de Palacio, el presidente Petro no estaba enterado de esos nuevos nombramientos, lo que habría generado molestia. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) se encuentra también en el centro de una fuerte controversia tras las denuncias presentadas por el congresista Andrés Forero. Según el representante a la Cámara por el Centro Democrático, la entidad busca un crecimiento masivo burocrático de su estructura en medio de una crisis en el sistema de salud colombiano. De acuerdo con la información revelada, el proyecto de rediseño institucional de la Adres contempla que la planta de personal pase de los 233 cargos actuales a un total de 930 empleos propuestos . Este incremento triplicaría la nómina actual y vendría acompañado de un ajuste financiero significativo: el costo anual de la nómina pasaría de $48.017 millones a $99.069 millones , lo que representa un aumento de más de $51.000 millones. El congresista Forero calificó la medida como un intento de “politiquear”, mientras el país enfrenta una crisis en la que los pacientes mueren esperando atención médica. “Indigna que pretendan politiquear mientras mueren pacientes”, expresó el legislador a través de sus redes sociales, subrayando que este movimiento ocurre en vísperas de elecciones. Ante los cuestionamientos, el director de la Adres, Félix León Martínez, en respuesta escrita dirigida a Forero, defendió el proyecto basándose en un estudio técnico realizado por la Universidad Nacional de Colombia. La Adres argumenta que este aumento responde a la necesidad de absorber las funciones de 660 contratistas de prestación de servicios profesionales que actualmente apoyan la gestión, formalizando así sus empleos. La denuncia contra la Adres no es la única que Forero realizó esta semana que pasó. El congresista también alertó sobre planes similares en el Ministerio de Salud, donde se proyecta la creación de 442 nuevos cargos con un costo estimado de $59.403 millones para el año 2026. A la fecha, el rediseño institucional de la Adres ya cuenta con el aval del Ministerio de Salud, su Junta Directiva y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Sin embargo, la implementación definitiva permanece a la espera de la viabilidad presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda. La Adres es la entidad vital que administra, recauda y gira los recursos financieros para que los fondos lleguen a las EPS y hospitales, garantizando la atención y sostenibilidad del sistema de salud colombiano. Otra denuncia que fue protagonista en recientes días también fue hecha por Andrés Forero, representante a la Cámara. Según el congresista del Centro Democrátic o, la intervención del Gobierno en la EPS Famisanar ha servido como escenario para un incremento injustificado en la nómina, en contraste con el deterioro en la prestación de servicios a los usuarios. Siga leyendo: “Necesitamos entre 3,5 y 4 millones de votos para que regrese Uribe”: Andrés Forero | El Colombiano A través de documentos obtenidos mediante derechos de petición, Forero denunció que en Famisanar se estarían “feriando” los recursos de la salud. Entre los hallazgos más alarmantes se encuentran bachilleres académicos con salarios de $28 millones y técnicas en enfermería con ganancias de hasta $40 millones mensuales. La denuncia detalla que, bajo la administración de los interventores designados por el Gobierno de Gustavo Petro, se contrataron 572 personas adicionales durante el 2025, lo que representó un aumento de $2.700 millones mensuales en los costos de nómina. Solo en el último mes y medio, el nuevo interventor, José Gallo, habría suscrito 75 nuevos contratos que suman más de $700 millones al mes, según lo reportado por Forero. Entre los beneficiados figura el exinterventor de Sanitas, Kemer Ramírez, con una remuneración de $40 millones. Mientras los costos administrativos aumentan, la atención al paciente parece ir en detrimento. Forero expuso que 37 pacientes con esclerosis múltiple no reciben sus medicamentos esenciales desde octubre de 2025. El congresista afirmó que los interventores estarían “ordeñando las EPS” mientras los usuarios quedan desprotegidos. Estas contrataciones habrían sido posibles gracias a una modificación del manual de funciones y requisitos de Famisanar realizada en febrero de 2025, la cual permitió ajustar los criterios de vinculación y los salarios para cargos directivos. La ofensiva de Forero no se limitó a la EPS; también denunció un plan similar en el Ministerio de Salud, bajo la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo. Según documentos oficiales, la cartera busca crear 442 nuevos cargos bajo el concepto de “formalización laboral”. Este crecimiento de la planta de personal tendría un costo proyectado de $59.403 millones anuales para 2026 . El representante cuestionó que se pretenda expandir la burocracia en plena “emergencia económica”, crisis sanitaria y a pocos meses de las próximas elecciones, sugiriendo que estos movimientos podrían buscar favorecer intereses políticos.