El Ingreso Mínimo Vital protege ya a casi 28.000 hogares en Granada

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en diciembre a 27.921 hogares en Granada, cubriendo a un total de 84.640 personas. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cuantía media de la prestación ha sido de 539,97 euros mensuales por hogar, con una nómina total que ha ascendido a 16,63 millones de euros. A finales de 2025, el número de beneficiarios ha crecido un 18,7% respecto al año anterior, sumando 13.357 personas más. De cara a 2026, la cuantía de las prestaciones se revalorizará un 11,4%, una medida incluida en el Real Decreto-ley de revalorización de las pensiones para garantizar su suficiencia. El IMV tiene un marcado perfil femenino. El 70,4% de los titulares de la prestación en Granada son mujeres (19.681), y también son mayoría entre el total de beneficiarios, representando el 52,5% del total (44.497). Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de un millón de personas en la provincia. Esta ayuda se consolida como una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil. Actualmente, el 39,6% de los beneficiarios en la provincia son menores de edad, lo que se traduce en 33.552 niños y adolescentes protegidos. De hecho, más de dos tercios de los hogares que reciben el IMV (19.004) tienen menores a su cargo, y de ellos, 4.170 son hogares monoparentales. Para reforzar esta cobertura, existe el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que en diciembre llegó a 19.550 hogares con una ayuda media de 69,31 euros por menor. Esta prestación, que puede percibirse de forma independiente, establece cuantías de 115 euros para niños de 0 a 3 años, 80,5 euros para los de 3 a 6, y 57,5 euros para la franja de 6 a 18 años. El IMV es un derecho subjetivo de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a hogares vulnerables. Para solicitarlo, es necesario haber residido en España de forma legal y continuada durante al menos el año anterior. La unidad de convivencia debe encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, y la prestación es compatible con rentas del trabajo para favorecer la inserción laboral.