El debate sobre la limitación de la compra de vivienda por parte de no residentes, que en los últimos años ha vuelto con fuerza al centro de la agenda política y social, tiene precedentes claros en la historia reciente del archipiélago. Mucho antes de que la crisis de acceso a la vivienda se convirtiera en una de las principales preocupaciones ciudadanas, el Estado ya trató de intervenir para regular la adquisición de propiedades por parte de ciudadanos extranjeros en territorios especialmente tensionados como Baleares y Canarias.