El 27 de diciembre de 1925 la dictadura de José Antonio Primo de Ribera aprueba un Decreto sobre alquileres que supuso un punto de inflexión en la regulación de los arrendamientos urbanos en España. La norma, adoptada en un contexto de fuerte tensión social y escasez de vivienda en las grandes poblaciones, buscaba proteger de manera directa a los inquilinos.