Cada año se repite el mismo patrón: familias que han asumido gastos extraordinarios durante las fiestas, subidas en suministros básicos y un encarecimiento generalizado de los servicios comunitarios. A todo ello se suma el incremento del precio de la electricidad, el mantenimiento de ascensores, la limpieza o los seguros. El resultado es un escenario en el que algunos propietarios comienzan a retrasar o directamente dejar de abonar sus cuotas. La morosidad en comunidades de propietarios no es un problema individual, sino colectivo. Cuando un vecino no paga, la comunidad debe seguir afrontando sus obligaciones: proveedores, contratos de mantenimiento y gastos comunes. Esto provoca tensiones internas, falta de liquidez y, en muchos casos, la necesidad de derramas extraordinarias que recaen sobre quienes sí cumplen. Desde el punto de vista del administrador de fincas, actuar con rapidez es clave. La experiencia demuestra que cuanto más se retrasa la gestión del impago, más difícil resulta su recuperación. Por ello, es fundamental contar con protocolos claros: notificación temprana, propuestas de acuerdos de pago y, si es necesario, activación de los mecanismos legales correspondientes.