Galicia recibirá más dinero con el nuevo modelo de financiación, pero saldrá perdiendo en el reparto. Esta es la principal conclusión de la doctora en Economía Aplicada, María Cadaval, sobre la propuesta del Gobierno. Según explica, aunque la comunidad gallega ganará dinero porque se ponen más recursos encima de la mesa, quedará en una peor situación relativa con respecto al modelo actual. La razón de esta penalización se encuentra en los criterios de reparto. Factores por los que Galicia lleva años luchando, como el envejecimiento de la población o la dispersión, pierden peso en la nueva fórmula. Cadaval señala que esto nos va a penalizar, al igual que la introducción parcial del principio de ordinalidad, que se respetará de forma absoluta para Cataluña pero no para otras comunidades. Las primeras simulaciones, aunque con datos todavía escasos, confirman esta tendencia. La economista detalla que, si la media de financiación por habitante ajustado es 100, Galicia está actualmente un poquito por encima. Sin embargo, con la nueva propuesta, Galicia quedaría por debajo de 100, en algunos escenarios 4 o 5 puntos por debajo. El modelo presentado tiene otras sombras, como la creación de un nuevo fondo medioambiental del que dos terceras partes de los recursos se destinan al arco mediterráneo. Además, se abre la puerta a que algunas comunidades obtengan financiación adicional a través del IVA de sus pymes, una medida que, según Cadaval, beneficia principalmente a Cataluña, donde se concentra la mayor parte de estas empresas. Pese a los perjuicios para Galicia, María Cadaval celebra que se hable de una reforma y no de una ruptura del sistema. "Muchos de nosotros hemos respirado aliviados porque se habla de la reforma del sistema y no de la ruptura", afirma, valorando que no se proponga un cupo para Cataluña al estilo del País Vasco o Navarra. Para la economista, el documento presentado es un buen punto de partida para empezar a negociar, pero insiste en que no puede ser el paquete final. Considera que se ha puesto mucho el acento en corregir la infrafinanciación de comunidades como la valenciana, pero no se puede hacer a costa de que otras, como Galicia, pierdan su posición. Ahora comienza el tiempo de la política, en el que cada comunidad autónoma deberá negociar de manera bilateral con el Gobierno. Cadaval pone el foco en un anuncio que ha pasado desapercibido: la intención de recuperar la importancia del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), un mecanismo constitucional ajeno al sistema de financiación. La economista argumenta que el FCI podría usarse para compensar algunos desajustes del nuevo modelo. Este fondo lleva congelado desde 2012 y un aumento de sus recursos podría suponer para Galicia entre 300 y 400 millones de euros. Por ello, subraya que la comunidad no solo debe negociar la reforma, sino también el reparto de este fondo. El deber de Galicia, concluye María Cadaval, es defender sus intereses en esta doble negociación. La línea roja es clara: "No podemos permitir que nuestra financiación por habitante ajustado quede por debajo de la media". Además, defiende que el FCI "tiene que hacer todavía mucha política regional en esta comunidad".