El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado que la región obtendría sobre el papel un incremento de la financiación de 248 millones de euros con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, aunque el resultado final indicaría que «seguiría estando por debajo de la media de financiación por habitante del conjunto de comunidades», en el 98% , de acuerdo con los cálculos y estimaciones que ha hecho su Consejería. Ruiz Molina ha valorado este lunes en rueda de prensa esa propuesta que presentó el pasado viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificando de « insólito en la historia de la financiación autonómica que nos enteremos de algo tan trascendental para el Estado de Bienestar a través de una rueda de prensa y un dossier », indicando que no tienen ningún dato del resultado final para informar a la ciudadanía de su repercusión. El responsable de Hacienda en la región ha explicado que el Estado aporta más recursos y permite que todas las comunidades dispongan de más financiación, aunque lo ha calificado de algo lógico después de que haya incrementado sus ingresos en un 94,9% entre el ejercicio 2009 y el 2023. Sin embargo, «no se trata de que todas ganemos porque la tarta sea más grande, sino de que ese trozo se distribuya de manera justa», algo que, ha afirmado, no ha sido así. Ruiz Molina ha insistido en que este modelo « trocea la riqueza nacional entre territorios para dar satisfacción a los independentistas , más que ser un modelo que atienda a sufragar el coste real en que incurrimos las regiones a la hora de prestar los servicios públicos de nuestra competencia y que lo podamos hacer en condiciones de igualdad». En este sentido, ha asegurado que el nuevo modelo es «fruto de un acuerdo bilateral entre el Estado y los independentistas catalanes », negociado «bajo su chantaje» con el objetivo de «obtener privilegios frente a los demás». Ruiz Molina ha reiterado que es un modelo «regresivo» en la medida que atiende a la ordinalidad , es decir, aquellas comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria tienen derecho a disponer de mayor volumen de recursos y, en consecuencia, sus ciudadanos tendrán derecho a mejores servicios públicos porque van a contar con mayor financiación. O lo que es lo mismo, las regiones con una menor capacidad tributaria están condenadas a prestar los servicios públicos en peores condiciones porque contarán con menos financiación . «Con este modelo se está defendiendo que quien más tiene más recibe y yo me pregunto si esto es defendible, al menos por un gobierno socialista», ha indicado, afirmando que «es un ataque sin paliativos al principio de igualdad». En este sentido, el consejero de Hacienda ha confiado en que este sea «un documento de partida para poder negociar ». «No sé si el chantaje al que está sometido el Gobierno de España permitirá que se puedan aceptar las propuestas del resto de comunidades autónomas. Aquí ya no estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de territorios».