El debate sobre la financiación autonómica ha vuelto al primer plano político tras la propuesta del Gobierno central para reformar el reparto de recursos. Desde Cantabria, el Ejecutivo regional ha manifestado un firme rechazo al considerar que el modelo es injusto y perjudicial para la comunidad, ya que no garantiza la igualdad en la prestación de los servicios públicos. El principal punto de fricción se encuentra en el reparto de los fondos adicionales previstos en la reforma. Según los datos que se han conocido, Cantabria sería una de las comunidades que no vería incrementada de forma significativa su financiación estructural, lo que agravaría los desequilibrios existentes en lugar de corregirlos. El Gobierno regional subraya que esto supone un grave problema para una comunidad con una población envejecida, una orografía compleja y un coste elevado en la prestación de servicios. Por ello, defiende que el sistema debe tener en cuenta factores como la dispersión poblacional o el coste real de mantener los servicios, variables que, a su juicio, el nuevo reparto no refleja adecuadamente. Desde el Ejecutivo cántabro se insiste en que el debate no es ideológico, sino una cuestión práctica que afecta a la supervivencia del sistema público. La presidenta regional ha advertido de que "aceptar un modelo que no tenga en cuenta estas circunstancias supondría asumir recortes futuros o una merma en la calidad de los servicios". Ante este escenario, el Gobierno de Cantabria no descarta utilizar todas las herramientas jurídicas a su alcance, incluyendo la posibilidad de recurrir el modelo si se considera que vulnera los principios constitucionales de igualdad y solidaridad. Además, cuestiona que una reforma de este calado pueda aprobarse sin un amplio consenso entre las comunidades, defendiendo que el acuerdo debe ser multilateral y no basarse en pactos bilaterales. La financiación autonómica está directamente ligada a los Presupuestos Generales del Estado y condiciona la capacidad de las comunidades para ejecutar sus propias cuentas. Desde Cantabria se advierte de que un modelo que no aumente los recursos estructurales limita su margen presupuestario y su autonomía financiera. El Gobierno regional subraya que, si la financiación no cubre el coste real de los servicios, la comunidad se ve forzada a elegir entre recortar, endeudarse o renunciar a nuevas inversiones. En un contexto político complejo, con una mayoría parlamentaria ajustada, Cantabria reclama un modelo estable, justo y transparente que asegure la sostenibilidad de los servicios públicos a largo plazo.