El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha confirmado que será la Diputación Provincial, y no el Ayuntamiento, la que adquiera l a antigua Escuela de Enfermería para transformarla en una residencia universitaria , una operación que considera «estratégica» tanto para atender la elevada demanda de alojamiento estudiantil como para revitalizar el barrio de Palomarejos. En una entrevista concedida a la Cadena SER, el alcalde ha subrayado que la Diputación cuenta ya con experiencia en este ámbito. «Tiene mucho sentido porque la Diputación Provincial ya cuenta con una residencia de estudiantes universitarios », ha afirmado, en referencia a la residencia universitaria femenina del Casco histórico, conocida como la RUF. A ello se suma, según ha explicado, una demanda contrastada por la propia universidad . «Se han realizado informes por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta esa demanda tan importante que hay», ha indicado, recordando que muchos estudiantes, especialmente del campus de la Fábrica de Armas, se quedan cada año sin plaza. Velázquez ha avanzado que el objetivo es agilizar los trámites para formalizar la compraventa en los próximos meses. «Ojalá que en el primer cuatrimestre, de aquí a abril, se pueda formalizar esa compraventa», ha señalado, con la intención de iniciar cuanto antes las modificaciones necesarias para adaptar el edificio a su nuevo uso. «Esta infraestructura tan importante devolverá vida, una parte de vida muy importante al barrio de Palomarejos», ha añadido. Más allá de este proyecto, el alcalde ha abordado la situación de los fondos europeos, confirmando que el Ayuntamiento seguirá adelante con la vía judicial tras quedar excluido de una convocatoria. Velázquez ha insistido en que el Consistorio considera «arbitraria e injusta la decisión que dejó fuera de los fondos europeos al Ayuntamiento de Toledo», al entender que la baremación aplicada posteriormente «en ningún caso formaba parte ni de las bases ni de la convocatoria». En este sentido, ha sido tajante al anunciar los próximos pasos. «Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias », ha afirmado, explicando que, una vez se publique la resolución definitiva, el Ayuntamiento abrirá la vía judicial para defender «lo que por justicia y por derecho nos corresponde». Otro de los asuntos centrales de la entrevista ha sido la implantación de la zona de bajas emisiones, que Velázquez ha defendido como una obligación legal para Toledo. «Tenemos una normativa que nos obliga, como ciudad de más de 50.000 habitantes, nos guste más o nos guste menos , a tener una zona de bajas emisiones», ha recordado, advirtiendo de las consecuencias económicas de no cumplir con esta exigencia. El alcalde ha alertado del riesgo de tener que devolver subvenciones si la ciudad no implanta la medida . «Hablamos de varios millones de euros», ha señalado, apelando tanto a la responsabilidad de Vox como socio de gobierno como a la coherencia de la oposición. Aunque ha reconocido que los plazos se han relajado a nivel nacional y europeo, ha insistido en que la obligación sigue vigente a lo largo de 2026. Velázquez ha enmarcado todas estas actuaciones en un contexto político y económico que sitúa 2026 como un año clave para el gobierno municipal . Ha recordado que el Ayuntamiento aprobó los presupuestos el pasado mes de diciembre, destacando que se trata de «unos presupuestos que son muy buenos para la ciudad de Toledo, muy buenos para los barrios de Toledo», con «la cifra más alta que contempla el plan de inversiones para mejorar la vida de los toledanos».