El Tribunal de Cuentas fiscalizará la adjudicación y la ejecución del servicio de seguimiento por medios telemáticos de las órdenes de alejamiento, las conocidas pulseras antimaltrato, que en 2025 estuvo en el ojo del huracán por los fallos detectados. Así, la Fiscalía alertó de que un error en el traspaso de datos entre la antigua adjudicataria, Telefónica, y Vodafone, la actual empresa responsable, provocó que durante unos meses no se pudiera corroborar, en los juzgados, si los agresores habían trasgredido las órdenes de alejamiento. El aviso destapó que los dispositivos de control telemático de los agresores sufren errores periódicos, por lo que el PP pidió la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.