El Ministerio Público, a través del Instituto de Medicina Legal, y en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), inició un programa formativo dirigido a fiscales y peritos forenses, a fin de mejorar sus investigaciones y análisis científicos en casos de muertes potencialmente ilícitas, es decir, cuyas sospechas de responsabilidad penal recaerían en el Estado.