El sistema democrático en diferentes países atraviesa una época de profunda inquietud. Lo que parecía un horizonte irreversible de expansión de las libertades, los derechos humanos y las garantías institucionales muestra hoy signos evidentes de erosión. Este deterioro democrático no es el resultado de un golpe de estado, entendido en el sentido clásico del término, sino un proceso más insidioso a menudo impulsado, o permitido, por los propios gobernantes electos. El fenómeno tiene múltiples facetas. La polarización tóxica ha convertido el debate político en una guerra de identidades en la que el adversario es visto como un enemigo existencial. Los gobernantes, en lugar de buscar consensos o mediar en los conflictos sociales, con frecuencia alimentan esta división . Utilizan un lenguaje maniqueo, estigmatizan a la oposición y movilizan a sus bases apelando al miedo y al resentimiento, debilitando el terreno común necesario para que una democracia funcione. A su vez, se observa un debilitamiento deliberado de los contrapesos institucionales. Gobiernos de distintos signos ideológicos han mostrado tendencia a socavar la independencia de poderes clave como la justicia, los órganos reguladores, las empresas estatales y la prensa y los medios de comunicación. Se plantea la idea de que, una vez obtenido el mandato electoral, el gobierno tiene carta blanca para remodelar el Estado a su antojo, desatendiendo las normas no escritas y el espíritu de la Constitución que impera en un país. Esto se manifiesta, entre otras, en reformas que desequilibran la competencia, en el uso clientelar de los recursos públicos o en la instrumentalización de la administración para un beneficio partidista. La democracia se reduce así a un mero procedimiento electoral, vaciándose de su contenido sustantivo de libertad e igualdad ante la ley. Estimo que una crisis silenciosa se está enconando. No solo se caracteriza por generar titulares dramáticos a diario, a los que desgraciadamente nos acostumbramos, sino también por impulsar un flujo constante de acuerdos y conflictos de interés ocultos y por la flagrante priorización del beneficio personal o partidista sobre el bien común. La corrupción política y la profunda falta de fundamento ético ya no son escándalos ocasionales, se han convertido en características sistémicas que corroen los cimientos mismos de nuestra democracia. Además, para aquellos que ejercen la corrupción desde el poder habría que recordarles la cita de John Steinbeck: «el poder no corrompe. El miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder». Hay que imponer límites máximos a los gobernantes para impedir que el deseo mesiánico de permanecer en el poder se convierta en una grave enfermedad de la democracia, reemplazándola por sistemas autoritarios. La corrupción se manifiesta no solo en sobornos flagrantes de tipo económico, sino también ideológicos y sociales o en otras formas más sutiles e institucionalizadas. Se revela, también, la influencia indebida del financiamiento oscuro que inunda las campañas electorales, garantizando que las políticas respondan, no a la ciudadanía, sino al mejor postor. Asimismo se muestra en la puerta giratoria existente entre las agencias reguladoras y las industrias que deben supervisar, donde el servicio público se convierte en un trampolín hacia una lucrativa recompensa del sector privado. La corrupción está también en el nepotismo y el favoritismo que lleva a personas no cualificadas a ocupar puestos públicos críticos y en el descarado enriquecimiento personal de funcionarios que tratan las arcas públicas como cuentas bancarias personales. El costo se mide en algo más que en euros robados. Se calcula en infraestructuras deterioradas que nunca recibieron los fondos asignados, en escuelas y universidades inadecuadas y despersonalizadas, en una atención a la salud inapropiadamente masificada, en conductas personales denigrantes, en «intercambios» territoriales ilegales y en regulaciones ambientales que no se aplican. Se mide por el colapso de la confianza pública. Cuando los ciudadanos creen que el sistema está manipulado, se desvinculan. Muchos de ellos buscan formas de evadir el trabajo y la conducta ética se debilita en todas las esferas de la vida. La apatía del electorado se intensifica, la participación cívica se apaga y el extremismo de ambos lados del paradigma ideológico encuentra terreno fértil. El contrato social –la idea de que el gobierno actúa por el bien común– se deshilacha hasta volverse irreconocible. Este vacío ético se defiende a menudo como «realismo político», «el relato y la posverdad» o como una forma de impedir la alternancia democrática. Pero tal normalización es un síntoma de la enfermedad. Una democracia sólida requiere servidores públicos sujetos a una clara brújula ética, no solo al mínimo de la legalidad. Requiere transparencia, donde las decisiones se tomen a la luz del día, y rendición de cuentas, donde las consecuencias de las malas conductas se apliquen rápida y seguramente. Se debe castigar la mentira y premiar la verdad. Es fundamental que los controladores se sientan controlados y que el incumplimiento de las normas democráticas tenga inmediatamente su máxima sanción. La solución reside en la acción vigilante y colectiva. Las políticas de igualdad deben comenzar en casa, dentro de los partidos políticos. Requiere, entre otras medidas: exigir leyes sólidas de transparencia para la financiación de campañas y de cabildeo, eliminar las patentes de corso que tienen nuestros representantes ante los diferentes órganos legislativos, nacionales y locales, pues todos los ciudadanos estamos bajo el imperio de la ley y de la justicia, sin excepción de rango, ideología, género, etnia o raza. Al tiempo se debe robustecer el sistema judicial para que pueda acometer su misión y funciones; fortalecer los organismos de supervisión independientes con verdadero poder de investigación y de sanción; apoyar un periodismo objetivo y ético que actúe como organismo de control y no como espectador pasivo o inductor político pagado o vendedor de mentiras deliberadas; elegir funcionarios que demuestren integridad y se comprometan con códigos éticos claros, bajo su cese inmediato de no cumplirlos; y, finalmente, participar como ciudadanos comprometidos con la auditoría de sus gobernantes, hacer preguntas y recibir respuestas y exigir cuentas estrictas a todos los representantes. Parafraseando a Platón, «el precio de la apatía hacia los asuntos públicos es ser gobernados por personas malvadas». La integridad de nuestras instituciones no es algo dado; es una obra consciente, construida y mantenida día a día por una población comprometida. La elección que tenemos ante nosotros mismos, como ciudadanos responsables, es clara: aceptar la podredumbre o exigir incansablemente la rendición de cuentas y la ética, elementos esenciales de un país, mental y socialmente, sano. La erosión de la confianza institucional nos hace vulnerables al poder personalista y a la pérdida de libertades. El momento de esa exigencia es ahora porque mañana siempre es tarde.