“Además de seguir construyendo más vivienda, vamos a continuar interviniendo el mercado del alquiler en nuestro país. Y lo vamos a hacer porque algunos están utilizando la vivienda para enriquecerse sin escrúpulos”. Así anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la redacción de un real decreto destinado a “intervenir el mercado del alquiler” en el que se recogerán “medidas contra el fraude y los abusos” inmobiliarios. Una medida que trata de recoger el descontento de los colectivos sociales, pero que no ha sido acogida con demasiado entusiasmo y que, además, cuenta con el rechazo de su socio de Gobierno, Sumar, que tampoco respaldaría el decreto en el Congreso. El anuncio lo hizo el presidente este lunes en el acto de demolición de los edificios del acuartelamiento del barrio madrileño de Campamento. Esta localización pasará a albergar 10.700 viviendas asequibles en los terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa. Acompañado de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, Sánchez ponía el acento en reivindicaciones que han venido repitiendo desde el ámbito de las agrupaciones sociales de vivienda. Unos colectivos que han pedido en reiteradas ocasiones prioridad para las medias que movilicen vivienda existente y protejan a los inquilinos. Y es que, las propuestas de alivio fiscal a los caseros terminan siempre en bronca política , como ya ocurrió cuando se anunciaron el año pasado bonificaciones al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de quienes incorporen sus casas a sistemas públicos de alquiler o reducciones del IRPF a los arrendadores que pongan precios asequibles. El real decreto, que se conocerá íntegramente “en las próximas semanas”, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, toca tres puntos sensibles en el ámbito de los alquileres: una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio , condiciones “estrictas” para que un alquiler sea considerado como de temporada y, finalmente, propone un “freno” al alquiler por habitaciones , un modelo que escapaba a los controles de precios contemplados en la ley. El anuncio llega justo cuando Casa 47, la empresa pública de vivienda, ha comenzado a dar sus primeros pasos ofertando pisos y movilizando terrenos para obra nueva. Con estas medidas, trata de responder, además, a otra gran reclamación de los sindicatos de vivienda: dar una solución para las más de 600.000 familias que se enfrentan en este inicio de año a la finalización de su contrato de alquiler, ya que se firmaron después de la pandemia de covid-19 y se renovarán a precios mucho más altos si nada lo remedia. De hecho, un estudio realizado por el Ministerio de Consumo señala que esta gran renovación encarecerá la renta de los inquilinos de las zonas más tensionadas en hasta 4.600 euros anuales para 2026 . Quienes puedan pagarlo, verán mucho más ajustada su economía familiar, y quienes decidan dejar su piso, tendrán que volver a buscar en un mercado inmobiliario a precios desbocados. En cuanto al alquiler por habitaciones , al no estar sujeto a la ley de arrendamientos urbanos, no está bajo el efecto de las limitaciones de precios. “El alquiler habitacional y de temporada son dos de las vías que la especulación inmobiliaria ha encontrado para sortear la Ley de Vivienda”, explicaba a infoLibre la abogada de CAES y experta en vivienda, Alejandra Jacinto. Lo que hará la nueva norma, si sale adelante, será establecer que la renta total del conjunto de habitaciones no pueda superar la renta del contrato de la vivienda completa. “En zonas declaradas tensionadas, se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la ley de vivienda”, señala el comunicado del ministerio. Pero la bonificación a los caseros es la medida que más polémica y rechazo está generando. Desde Sumar, su coordinadora general, Lara Hernández, ha rechazado de plano las medidas. “Esta propuesta no va a contar con nuestro apoyo”, explicó en una rueda de prensa convocada este lunes. “El PSOE dice hacer algo para resolver la crisis de la vivienda, pero lo que vuelve a hacer es dar con la fórmula equivocada, que es dar regalos fiscales a los caseros y a los rentistas”, concluía. En la misma línea se expresaba el ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy, en la red social Bluesky: “La prórroga a los alquileres no puede ser una opción ni un premio a los caseros”, señalaba. De forma similar argumentaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que hablaba de que esta medida era “regalar dinero público a los rentistas”. Si en la formación morada se habla de “regalo fiscal”, en los colectivos de vivienda tampoco se ha acogido la propuesta con demasiado optimismo. “Sobre el tema del IRPF, el alquiler tiene deducciones en la declaración de la renta desde hace años y con la nueva ley de vivienda de 2023 se ampliaron y esto no ha tenido un impacto real”, explica Miguel Ruiz, experto del Observatorio Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). “La sensación es que a los propietarios les sale mucho más rentable subir los precios cuando quieran, en vez de acogerse a unas deducciones de las que ya están disfrutando en cierta medida”, concluye. Para el experto de DESCA, a falta de que se concrete cómo van a aterrizarse esas medias, la propuesta “es un brindis al sol” porque “sigue imperando la ley del mercado, que es que cada propietario puede poner el precio que quiera”, concluye. Y es que la limitación de los alquileres, más allá de las zonas tensionadas, es el punto al que quieren llegar los colectivos de vivienda. “Al final lo que se paga, que es lo realmente importante para muchas familias, eso no va a reducirse con la nueva regulación. Ese es el gran agujero, también porque muchas comunidades se niegan a aplicar el control de rentas”, remata Ruiz. Las voces más críticas emergen desde el ámbito sindical. “El negocio del rentismo consiste precisamente en expulsarnos de nuestras casas para alquilar de nuevo a un 30% o un 50% más de precio. Este modelo es extremadamente rentable y una bonificación en el IRPF no va a frenar esta dinámica que se lleva observando una década”, explica Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. “En un momento de alquileres en máximos históricos, el Gobierno lo que sugiere es premiar fiscalmente a los caseros por mantener precios abusivos. Lo que hace es tratar de congelar los alquileres en un nivel que la mayoría ya no podemos pagar ”, concluye Pérez. Y es que el principal reproche aquí, tiene que ver con que la propuesta ni siquiera intenta bajar los precios, pero que “recompensa a quienes los mantienen”, remata. Para el portavoz, se está creando un “paraíso fiscal para rentistas”. Sin embargo, las otras dos medidas, que han quedado a la sombra del enfado por las bonificaciones fiscales, también son clave. “Regular el alquiler temporal y por habitaciones es una demanda necesaria que se votará en el Congreso porque ya está en la ley que los sindicatos propusimos hace un año y que —tal como nos ha dicho el Gobierno— se votará en febrero”, explica el experto. Su propuesta incorpora una prórroga de tres años a los contratos en zonas tensionadas, aunque advierten que solo se aplicaría en aquellas comunidades que aplican la ley (Cataluña, País Vasco, Galicia y Asturias). “Solo hacen falta los votos de Junts para que esta propuesta avance, por lo que pedimos dejar fuera este problema de la lucha partidista”, termina Pérez. Finalmente, desde el gremio inmobiliario tampoco se han mostrado entusiasmados. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha dicho que la propuesta no ataca el problema real y que puede agravar la escasez de vivienda. En este caso, sí están a favor de la bonificación al IRPF, pero se oponen a la restricción del alquiler por habitaciones. “Exigir que la suma de las rentas de las habitaciones no pueda superar la renta del alquiler de la vivienda completa, carece de lógica económica y hará inviable este modelo en la práctica”, señaló José María Alfaro, presidente de FAI.