El Gobierno impulsa una nueva ley para regular los alquileres de temporada y por habitaciones que se votará este febrero en el Congreso. Ante esta propuesta, el profesor Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV, advierte que las administraciones públicas han mantenido una "conducta errática" que ha conducido a la actual "situación tan catastrófica". El experto considera que las nuevas medidas van "en una línea algo más acertada", pero resultan insuficientes para resolver la crisis de acceso a la vivienda. La nueva regulación ofrece incentivos fiscales a los propietarios que no suban el precio del alquiler en la renovación de contratos. Cos-Gayón califica la medida de "prudente", ya que podría beneficiar a los cerca de 600.000 contratos que se renuevan ahora. Sin embargo, advierte que únicamente consolidará los precios actuales, que califica de "salvajes", sin generar más pisos en el mercado. "Con esta medida no estamos consiguiendo más oferta. Únicamente estamos consiguiendo quedarnos como estamos", asegura. Según el experto, uno de los principales aceleradores del trasvase de viviendas del alquiler tradicional al turístico es el miedo a la 'okupación'. Cos-Gayón lo define como "la gasolina" que ha impulsado el auge de los pisos turísticos en los últimos años, ya que "una vivienda de un Airbnb, una vivienda de apartamento turístico, no puede ser ocupada, es imposible que te la ocupen". Este factor, sumado a la falta de protección de la propiedad, ha provocado una drástica reducción de la oferta, como la caída de hasta un 30% registrada en Cataluña. Este fenómeno se enmarca en un contexto de alta proliferación. En la Comunidad Valenciana, tras la aplicación de un nuevo decreto-ley del Consell, la cifra superaba las 90.000 viviendas turísticas registradas (VUT) a finales de 2025. La provincia de Valencia lidera el número, con más de 6.000 pisos turísticos solo en la capital, donde una normativa municipal limita su presencia al 2% por barrio. El debate, para Cos-Gayón, trasciende lo inmobiliario y se centra en "qué modelo de turismo queremos". Cos-Gayón sostiene que la desprotección de los propietarios, que en más de un 90% son pequeños tenedores, genera el efecto contrario al deseado. Al retirar sus viviendas del mercado por miedo, los más vulnerables se quedan sin opciones. "La desprotección máxima del inquilino es dejarlo en la calle y que no pueda alquilar nada, que eso es lo que está sucediendo ahora", afirma, condenando a muchas personas a vivir en habitaciones o infraviviendas. Para el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda, la solución estructural es una: producir más vivienda. "Aquí hay que producir vivienda, es que nos faltan 700.000 viviendas", insiste. Argumenta que la construcción masiva de vivienda protegida permitiría a muchas familias que hoy alquilan acceder a una compra, liberando así un gran volumen de pisos que aliviarían la tensión sobre los precios del alquiler y ampliarían la oferta disponible.