El acceso a la vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos para miles de ciudadanos. Es el caso de Sara, que tras dos años buscando piso en Madrid ha tenido que rebajar sus expectativas ante precios desorbitados: casas de 2 habitaciones y 50 metros cuadrados que valen casi medio millón de euros. Carlos también describe el proceso como “una carrera en la que estar mirando y actualizando los portales online”, recurriendo incluso a grupos de WhatsApp y Telegram para encontrar una oportunidad. Para entender la situación actual, el programa 'Mediodía COPE', con Pilar García de la Granja, ha consultado al catedrático Sergio Nasarre Aznar, fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda. Según el experto, el problema arranca con “una decisión política” tras la crisis de 2007, cuando “se estipuló por parte de los políticos en aquel momento, los gurús, etcétera, es que había que parar de de construir y, sobre todo, había que dificultar que la gente más humilde no pudiese seguir pidiendo hipotecas”. A partir de entonces, explica Nasarre, “toda la política pública ha ido orientada, pues, al alquiler y a la dificultad del acceso a la vivienda en propiedad”. Esta decisión, sumada a un crecimiento de la población de 6 millones de personas en las últimas dos décadas, ha dejado a innumerables familias, inmigrantes y personas divorciadas “entre la espada y la pared”, como afirma el catedrático. El diagnóstico es claro: “el resultado es efectivamente que no pueden ni comprar ni alquilar”. La alternativa del alquiler tampoco es una solución. Nasarre señala que el control de rentas se vende como una política “buenista”, pero la experiencia internacional demuestra lo contrario. Las consecuencias, advierte, son “muy graves”, entre ellas la reducción de la oferta. Como dato demoledor, apunta que “en España se ha reducido la oferta de alquiler solamente en 2025 en 20000 unidades desde 2024, o sea, en un año hemos perdido 20000 unidades”. Este fenómeno se debe, en gran medida, a la inseguridad jurídica y, en Cataluña, “muy, muy especialmente por el tema de control de renta”. El resultado final es la precarización del bien, una menor movilidad laboral y, en última instancia, la expulsión de los más vulnerables del mercado, obligando en ocasiones a volver al modelo de alquilar habitaciones “como la España de la posguerra”. Desde el sector de la construcción, el promotor Jesús Arranz confirma la parálisis. La razón principal, asegura, es “la escasez de suelo urbano”, la materia prima para levantar nuevos proyectos. A esto se suma la “excesiva burocracia”, que alarga los plazos a una media de 36 meses desde que se compra el suelo hasta que se entrega la vivienda. La consecuencia directa ha sido una subida de precios del 30% en los últimos cinco años. Ante esta situación, Arranz hace un llamamiento a las administraciones para frenar la escalada de precios. Su petición es clara y directa: “La administración lo que tiene que hacer es ayudarnos a poner suelo en el mercado, no tiene que hacer viviendas, tiene que generar suelo urbanizado”. Finalmente, Nasarre apunta a otro problema estructural: la falta de un “plan de cohesión territorial”. Mientras el 90% del territorio español está sin construir, la población se concentra en Madrid, Barcelona o País Vasco porque “no hay nada que hacer en la España vaciada”. Sin un plan que descentralice servicios y oportunidades, concluye, será “muy, muy difícil” solucionar una crisis que afecta a todo el país.