El Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por Bildu, ha vuelto a poner sobre la mesa el futuro del monumento a los Caídos con la convocatoria de un concurso internacional. El objetivo es convertir el edificio en un museo memorial de la memoria democrática, una decisión que, según el exalcalde Enrique Maya, reabre un largo debate de una manera preconcebida y es "todo un despropósito". Enrique Maya ha recordado en COPE Navarra que esta iniciativa llega después de que un proyecto anterior, pactado entre su formación y el Partido Socialista, fuera paralizado. "Ya parecía que teníamos un acuerdo para por fin tener un proyecto y ejecutarlo, y se echó para atrás", ha lamentado Maya, criticando que se vuelve a empezar de cero tras años de trabajo. El bloqueo de aquel plan, según ha explicado el exalcalde, se debió a la falta de un informe previo de expertos en memoria, exigido por la ley de memoria democrática del Estado. En este sentido, ha señalado la ironía de que se apliquen criterios "muchísimo más exigentes" con el monumento de Pamplona que con el Valle de los Caídos en Madrid, donde "prácticamente no se va a tocar el monumento". La principal crítica de Maya al nuevo concurso es que parte de "obligaciones preconcebidas". Ha denunciado que el pliego obliga a derribar los arcos y a ocultar la cúpula, para lo cual fue necesario "modificar el catálogo" del edificio, una decisión que se aprobó en contra de los informes técnicos de Príncipe de Viana. Además, ha mostrado su preocupación por el uso que se le dará al edificio. El exalcalde defiende que, en lugar de un espacio dedicado en exclusiva a la memoria histórica, debería ser un edificio de uso público, de tipo cultural o social, compatible con recordar su origen y significado. Sobre el debate de la demolición, Maya se ha mostrado tajante. Aunque no lo comparte, dice entender la postura de quienes piden "tirarlo entero", pero califica la solución intermedia como el peor enfoque posible. "Tirarlo a cachos me parece una barbaridad", ha sentenciado. El exalcalde también ha restado importancia a la etiqueta de "internacional" del concurso, asegurando que es una fórmula para "vestir" el proyecto y que todos los concursos de ideas ya lo son. Del mismo modo, se ha mostrado escéptico ante la consulta popular planteada, advirtiendo que las decisiones de arquitectura deben recaer en expertos para evitar proyectos "inviables o carísimos". Finalmente, ha rechazado el argumento de que el edificio dificulta la reurbanización de la zona, calificándolo de "debate estéril". "Todo edificio tiene una posición y genera condicionantes", ha afirmado, comparándolo con otros inmuebles históricos de la ciudad como la propia Casa Consistorial o la parroquia de San Saturnino.