La Guardia Civil y la Policía Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria han ejecutado este martes el desahucio de Margarita, una mujer de 71 años que vivía en su velero en el Muelle Deportivo. La tensión ha marcado las primeras horas de la mañana, cuando los agentes han desalojado a la fuerza a la mujer, que se negaba a abandonar la que considera su vivienda. En el programa Herrera en COPE Canarias, se ha informado de que, en un primer momento, la propia Guardia Civil presente en el lugar aseguró no tener constancia de la orden judicial para el lanzamiento. La plataforma Con Derecho al Techo y el colectivo Mi Barco, Mi Casa sostienen que el procedimiento ha sido "ilegal" al no haberse presentado la comitiva judicial. Andrea Farrah, portavoz de la plataforma, ha explicado en la COPE la confusión inicial: "La propia Guardia Civil nos ha dicho que no tiene constancia de ninguna orden judicial, y que ellos están aquí porque les han llamado para acompañar". Farrah ha calificado la situación de "misteriosa", ya que sin la presencia de un juez "de la vivienda de Margarita no la pueden sacar". Según ha denunciado Farrah, el conflicto va más allá de un caso particular. "No es un conflicto que tenga que ver con que haya gente viviendo en los barcos, porque eso siempre se ha dado", ha señalado. La portavoz ha afirmado que el verdadero objetivo es otro: "Se ha cambiado la ley para que no puedan vivir. Se ha cambiado porque se quiere privatizar y porque vale muchísimo más ahora atracar aquí, o sea, quieren un muelle deportivo de lujo y no de gente que vive". La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha justificado la acción alegando "falta de conservación e higiene" y "problemas de flotabilidad y seguridad", ya que el velero carece de mástil y motor. Sin embargo, Andrea Farrah ha rebatido esta versión, asegurando que el barco "está perfecta". Ha explicado que Margarita, como jubilada con "pocos recursos", ha ido reformando su "barquito de 9 metros" poco a poco. Los colectivos de apoyo también han cuestionado los problemas de flotabilidad, dado que el velero ha salido navegando manejado por el personal del puerto. El caso de Margarita ha puesto de relieve la situación de las cerca de 200 personas que, según la asociación Mi Barco, Mi Casa, residen en embarcaciones en el muelle. Andrea Farrah ha defendido la dignidad de este modo de vida frente a la crisis habitacional. "Una persona con pocos recursos, ¿qué hace? ¿Le dejamos en la calle porque creemos que en un barco de 9 metros de eslora no es suficiente y no es higiénico?", ha cuestionado. Para Farrah, el debate sobre las condiciones de vida está equivocado. Tras el desalojo, Margarita ha necesitado atención médica y ha sido trasladada a un centro de salud. Empleados de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se han personado en el lugar para procurar una "solución habitacional" para la mujer, que pasará la noche en un centro de acogida.