El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo real decreto ley para intentar frenar la escalada de precios en el mercado del alquiler. La medida más destacada es una bonificación fiscal del 100% en el IRPF para aquellos propietarios que renueven los contratos a sus inquilinos sin subir el precio. En la práctica, si un casero con un contrato vencido decide mantener el alquiler congelado, no tributaría por los ingresos obtenidos, lo que supone un incentivo económico para no incrementar la renta. La propuesta, sin embargo, no es nueva. Tal y como hemos recordado en 'La Tarde' de COPE, el propio Sánchez ya anunció una medida idéntica hace justo un año. José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), ha pasado por los micrófonos del programa, donde se ha mostrado escéptico con la efectividad del anuncio del presidente del Gobierno. Aunque valora que se opte por incentivos en lugar de medidas "limitantes y prohibitivas", considera que esta bonificación no funcionará. Según Alfaro, para un propietario en las principales ciudades, donde la oferta es muy inferior a la demanda, "es mucho más rentable actualizar la renta a precio de mercado" que acogerse a la bonificación. El experto inmobiliario explica que, con los incrementos interanuales de ciudades como Madrid (entre un 8% y un 14%), una actualización "razonable y suave" del alquiler deja "mucha más renta disponible" aplicando la reducción fiscal habitual del 50% que congelando la renta para obtener el 100%. Desde una "lógica económica", concluye, la medida del Gobierno "no tiene mucho sentido" para el arrendador. Para el presidente de la FAI, el debate sobre las bonificaciones fiscales no ataca la raíz del problema. "El principal miedo que tienen los propietarios es la inseguridad jurídica", afirma con rotundidad. Alfaro señala directamente a la "protección al vulnerable", que puede impedir a un propietario "recuperar las llaves de la vivienda hasta más de 2 años" en caso de impago, como la causa número uno de la retirada de oferta del mercado. Según José María Alfaro, la solución pasa por dotar de seguridad jurídica al mercado y asegurar que, si se pospone un desahucio por vulnerabilidad, "el estado tiene que sufragar esa renta al particular". El decreto ley anunciado por Sánchez también pretende endurecer las condiciones del alquiler por habitaciones, una modalidad que el Ejecutivo considera que se usa para "esquivar la ley del alquiler habitual". La norma impondría que la suma de las rentas de las habitaciones no pueda superar el precio que tendría el alquiler de la vivienda completa bajo el índice de referencia en zonas tensionadas. José María Alfaro ha calificado esta segunda medida de "completamente absurda", augurando que su único efecto será la desaparición del alquiler legal por habitaciones, una solución habitacional para muchas personas. Advierte que la propuesta es como firmar su "sentencia de muerte" y que "esto no va a servir más que para aumentar la economía sumergida" en este segmento del mercado.