La corporación municipal quiere denunciar "la grave situación de la dependencia en Andalucía" La concejal del grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital Irene Ruiz y la representante del sindicato CTA y presidenta del comité de empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio, Maripaz Ruiz, han presentado este martes la moción que la coalición llevará al próximo Pleno municipal para “denunciar la grave situación de la dependencia en Andalucía y las condiciones laborales que sufren las trabajadoras del servicio en Córdoba”, en la que exige a la Junta de Andalucía el cumplimiento de la Ley de Dependencia y al Consistorio que “actúe ante los abusos en la ayuda a domicilio”. En una rueda de prensa, Ruiz ha felicitado a la sección sindical de CTA por “haber obtenido la mayoría absoluta en las últimas elecciones sindicales celebradas en diciembre”, un resultado que considera “una noticia muy positiva para la defensa de los derechos de las trabajadoras y para la mejora del servicio”. La edil ha destacado que “se trata de un sector profundamente feminizado y precarizado” y ha reconocido “la lucha incansable de las trabajadoras de ayuda a domicilio”. Desde Hacemos han criticado “la gestión del gobierno andaluz del PP en materia de dependencia”, aportando datos que ha calificado de “escalofriantes”. Según ha explicado Ruiz, “la media de espera para una primera resolución supera los 575 días, muy por encima del límite legal de 180 días”. “A fecha 15 de diciembre de 2025, 6.784 personas fallecieron en Andalucía sin haber recibido la prestación, de las cuales 5.486 no tenían grado reconocido y 1.298 contaban con resolución favorable, pero sin recibir la ayuda”, ha lamentado, para apostillar que “en total, más de 50.000 personas siguen esperando el reconocimiento o la prestación”. “Estamos hablando de un servicio vital, donde los tiempos son determinantes y donde los retrasos pueden significar que una persona muera sin recibir la ayuda que necesita”, ha reprochado la concejal, responsabilizando “directamente al gobierno de Moreno Bonilla de esta situación” y señalando que “es el resultado de la gestión del PP de los servicios públicos”. “Vulneración del convenio” En el ámbito local, Hacemos ha advertido del “impacto directo que esta mala gestión tiene sobre la ciudadanía cordobesa y sobre la prestación del servicio, actualmente externalizado a la empresa Atende”. El grupo ha advertido de “la vulneración sistemática del convenio colectivo por parte de la empresa”, una situación que, según han recordado, “viene siendo señalada desde 2023 con la complicidad del Ayuntamiento, que tiene la obligación de velar por el cumplimiento del pliego de condiciones”. “La vulneración de los derechos laborales no es negociable y afecta directamente a la calidad del servicio que reciben las personas usuarias”, ha afirmado Ruiz, quien ha exigido al Consistorio que “active los mecanismos necesarios para resolver el contrato si continúan los incumplimientos”. Las trabajadoras no descartan la huelga Por su parte, Maripaz Ruiz ha descrito con detalle la situación que viven las trabajadoras del servicio, avisando de “acoso laboral, incumplimientos reiterados de la desconexión digital, denegación arbitraria de permisos, jornadas de hasta once y 12 horas diarias y acuerdos firmados que suponen una pérdida de derechos salariales y de cotización”. También ha alertado de “prácticas como descuentos injustificados en nómina bajo el concepto de 'exceso de pago', que afectan a una plantilla de más de 2.000 trabajadoras”. La presidenta del comité de empresa ha recriminado además “la pasividad del Ayuntamiento ante estas situaciones” y ha advertido de que, “si no se producen cambios reales en un plazo razonable, las trabajadoras no descartan convocar una huelga”. Asimismo, ha defendido que “la única solución real pasa por avanzar hacia la gestión pública directa del servicio, frente a un modelo privatizado que prioriza el beneficio económico frente a los derechos laborales y la calidad del servicio”. Desde Hacemos han reiterado su compromiso de “seguir defendiendo tanto a las personas usuarias como a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, reclamando a la Junta de Andalucía el cumplimiento estricto de los plazos legales, la puesta en marcha de un plan de choque para reducir las listas de espera y la creación de un observatorio andaluz de la dependencia con participación institucional, sindical y ciudadana”. “La dependencia no puede gestionarse desde la opacidad ni desde el negocio”, han subrayado, para declarar que “es un derecho y una obligación pública”, a la vez que han insistido en que seguirán “peleando para que el servicio se preste desde lo público y con garantías de dignidad para quienes lo reciben y para quienes lo sostienen con su trabajo diario”.