Un abogado desgrana las tres grandes dudas legales de la denuncia contra Julio Iglesias

El abogado Joaquín Moeckel ha analizado la denuncia por agresión sexual contra Julio Iglesias en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez. El letrado ha pedido cautela y ha subrayado que, por ahora, los hechos "no han sido probados en ninguna parte, nada más que en información y en denuncia". Ha insistido en la importancia de no dar por sentadas las acusaciones hasta que sean demostradas judicialmente. Moeckel ha puesto como ejemplo las informaciones sobre supuestas pruebas ginecológicas para trabajar con el artista. "Eso es que alguien ha dicho que para trabajarla hacían la prueba, pero nadie ha dicho que eso sea verdad o no", ha señalado, criticando que se dé por hecho algo que forma parte de una denuncia y que debe ser probado. "La denuncia es la denuncia, pero no se ha aprobado nada", ha sentenciado. Uno de los puntos clave para el abogado es si la Audiencia Nacional de España es el tribunal competente para este caso. Moeckel sospecha que la denuncia se ha "forzado" en esta instancia al incluir el presunto delito de trata de seres humanos junto al de abuso sexual, ya que el primero facilita la competencia de este tribunal. Para el experto legal, la estrategia de la organización denunciante parece buscar asegurar que el caso se tramite en la Audiencia Nacional. "Está muy forzada la denuncia en la Audiencia Nacional de España, porque dudo que la competencia sea tan clara como algunas personas pueden pensar", ha afirmado con rotundidad Moeckel. Además de la duda sobre la competencia del tribunal, el abogado ha apuntado a otra condición indispensable para que el procedimiento avance: la ratificación de la denuncia. Según ha explicado, es necesario que las dos mujeres afectadas "ratifiquen esta denuncia que se ha hecho en su nombre esta asociación internacional". Sin este paso, la causa no podría continuar. Finalmente, si el tribunal se declara competente y las denuncias son ratificadas, Moeckel ha recordado que comenzaría un proceso judicial amparado por el Estado de derecho, donde impera la presunción de inocencia. Ha defendido el derecho a denunciar, pero también "el mismo respeto a la persona que puede ver afectada su dignidad, si esto no es cierto". Ha concluido con una advertencia: "reprobar antes de tiempo, condenar antes de tiempo y pedir cabeza antes de tiempo, eso no es una justicia justa, sino una justicia justiciera".