Un hecho revelado por un informe de El Comercio ayer resume con precisión la casi nula fiscalización que se le hace a los gastos que se realizan desde el Parlamento. El pasado 25 de octubre Guillermo Bermejo fue condenado a 15 años de prisión por afiliación terrorista y desde esa fecha permanece recluido en Ancón I. Sin embargo, su oficina parlamentaria sigue funcionando como si nada hubiese pasado. Seis trabajadores cobran mes a mes sus sueldos, pese a que su labor no tiene sentido práctico. Entre noviembre y diciembre, el Legislativo desembolsó S/77.806 para mantener una oficina cuyo titular está inhabilitado, preso y condenado por terrorismo. Un gasto de S/38.903 mensuales por una estructura administrativa que carece de propósito.