A pesar del estruendo mediático provocado por el controvertido procedimiento y la sentencia condenatoria contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz —castigado por desmentir un bulo difundido en la opinión pública por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña—, los cinco magistrados de perfil conservador que respaldaron el fallo trataron de modular su alcance. En la redacción de una resolución muy cuestionada, buscaron que la inhabilitación profesional no supusiera el fin de la trayectoria del hasta ese momento máximo responsable del Ministerio Fiscal. Esos cinco miembros del tribunal, tras recordar que las responsabilidades disciplinarias derivadas del delito de revelación de datos reservados por el que le condenaron no les correspondía dirimirlas a ellos, quisieron encapsular esa inhabilitación en el cargo concreto de máximo responsable de la Fiscalía. El hecho de que el jefe de la Fiscalía no forme parte de su estructura orgánica han permitido que su sucesora en el cargo, Teresa Peramato, pueda rehabilitarlo en su categoría de fiscal de Sala. El pasado 17 de diciembre, la Sala de lo Penal del Supremo notificó la apertura de la ejecución de la sentencia a la inspección fiscal. Se trata del organismo que debe analizar si la condena a inhabilitación como fiscal general de García Ortiz debe comportar alguna consecuencia disciplinaria además de las penales. Fuentes fiscales han explicado al digital InfoLibre que el procedimiento consta de la elaboración de un informe sobre el caso concreto por parte de la inspección para que la nueva fiscala general decida en última instancia. La decisión de darle como nuevo destino la sección Social (la que lleva los asuntos laborales y relativos a la Seguridad Social) de la Fiscalía del Tribunal Supremo indica que Peramato no ve razones para que su antiguo jefe no siga ejerciendo sus funciones como fiscal. Mientras esto sucede, ya hay quien asegura que habrá fiscales que no se conformarán. Diversas fuentes jurídicas aseguran que una negativa por parte de Peramato a formalizar la expulsión o una lectura benevolente de las normas que salde la cuestión con una suspensión temporal no solo serían inadmisibles, sino directamente ilegales. Si esto sucede, se presentarán denuncias ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que tendría, así, la última palabra sobre la cuestión. La salida definitiva de García Ortiz de la carrera debería ser una consecuencia inmediata de la pena de inhabilitación impuesta, asegura este sector. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contempla en su artículo 46 las causas de pérdida de la condición de fiscal, que incluyen no solo la renuncia, pérdida de nacionalidad, sanción disciplinaria de separación y el haber incurrido en causas de incapacidad o incompatibilidad, sino también la existencia de una condena de inhabilitación para cargos públicos. Se establecen con ellas los motivos por los que un fiscal deja de serlo y no puede volver a ejercer. Nunca. Sin embargo, la sentencia del Alto Tribunal que lo desterró de la cúspide de la Fiscalía General del Estado es la que, sorprendentemente, "ha...