Hay decisiones políticas que definen a un gobernante más que cualquier discurso. Decisiones que revelan para quién gobierna y, sobre todo, a quién obedece. Juan Manuel Moreno Bonilla acaba de tomar una de esas decisiones. El presidente de la Junta de Andalucía ha rechazado una propuesta del Gobierno de España que supondría 4.846 millones de euros más para Andalucía, la mayor inyección de recursos para una comunidad autónoma en el nuevo modelo de financiación. Conviene recordarlo con precisión: Moreno Bonilla reclamó durante años 4.000 millones de euros más para Andalucía. Lo hizo desde el Parlamento andaluz, lo convirtió en eje de su discurso político y lo utilizó para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy, cuando el Ejecutivo central y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ponen sobre la mesa 4.846 millones de euros —casi 850 millones más de lo que él exigía—, Moreno Bonilla dice "no". Y ese "no" tiene consecuencias directas y muy negativas para los andaluces. Esa reclamación no era retórica ni coyuntural. En 2018, con el PSOE al frente de la Junta, el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad exigir al Estado esos 4.000 millones para corregir la infrafinanciación histórica de Andalucía. Moreno Bonilla la respaldó entonces desde la oposición y la ha seguido defendiendo ya como presidente, incluso hace apenas unos meses en sede parlamentaria. Por eso resulta imposible de explicar que hoy rechace 4.846 millones de euros: no ha cambiado la cifra que reclamaba, lo que ha cambiado es su disposición a aceptar una propuesta del Gobierno de España. Y la pregunta clave es por qué. Sobre todo cuando, bajo el gobierno de Moreno Bonilla, los servicios públicos se han deteriorado gravemente. La sanidad pública andaluza ha sido especialmente castigada, con listas de espera récord, falta de profesionales y un progresivo desmantelamiento de la atención primaria. A ello se suman los problemas en educación, el colapso de la dependencia y el aumento de la desigualdad. Estos 4.846 millones de euros son fundamentales para recuperar y reforzar los servicios públicos que el PP ha debilitado. Rechazarlos no es solo incoherente: es una renuncia consciente a mejorar la vida de los andaluces. Rechazar todos estos miles de millones de euros no es una cuestión técnica ni un desacuerdo razonable sobre el modelo. Es una decisión política consciente. Es decir "no" a más recursos para hospitales, colegios, ayudas a la dependencia, políticas de vivienda o lucha contra la exclusión social. Es decir "no" a mejorar los servicios públicos de una comunidad históricamente infrafinanciada. Según la propuesta del Gobierno de España, Andalucía sería la comunidad más beneficiada de todo el país, incluso por delante de Cataluña, esa Cataluña que obsesiona al Partido Popular y que utiliza permanentemente para la confrontación política, y que recibiría 4.686 millones de euros. Este dato desmonta de raíz el relato del agravio permanente que el PP lleva años alimentando. No hay castigo a Andalucía. Hay una apuesta clara, verificable y cuantificable. María Jesús Montero, que ya diseñó en su etapa...