El juicio oral que celebrará la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, contra quien fuera su mano derecha y chico para todo Koldo García y contra el comisionista Víctor de Aldama se enturbia a pocos meses de que arranque : La defensa de quien fuera asesor del ministro ha elevado a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una queja en la que solicita que se abra un expediente gubernativo al entender que su cliente podría ser víctima de lawfare -instrumentalización política de la justicia-. Esta queja, a la que ha tenido acceso ABC, ha sido presentada después de que la letrada de Koldo García tuviera conocimiento de que un medio digital (OkDiario) informaba de que fuentes del Supremo aseveraban que la Sala que juzgaría el caso Mascarillas sólo admitiría los testigos propuestos por el Ministerio Fiscal , descartando así los que recogían en sus escritos de defensa tanto Ábalos como él, que incluían nombres como los de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres. Entiende la defensa que a tenor de esa supuesta filtración «pareciera que el juicio oral, sobra, (...) y que cualquier esfuerzo que se haga en defensa de los clientes ya se puede dar por amortizado». Y añade que se podría estar ante una vulneración del secreto de las deliberaciones o al menos ante la contaminación de uno de los miembros de la Sala de lo Penal que, entienden, debería apartarse. En ese escrito, resalta que de confirmarse los extremos publicados, se podría «estar ante un paradigma de instrumentalización política de la justicia o lawfare sin precedentes, que permitiría concluir que el proceso carece de la mínima apariencia de imparcialidad , vaciando de contenido el derecho a la defensa y convirtiendo el plenario en un mero simulacro procesal con fines ajenos a la legalidad ordinaria«. Así, lamenta la defensa en su queja ante el CGPJ que el tribunal que juzgará a Koldo García «ya ha tomado postura procesal en favor de la acusación sin leer siquiera los alegatos» presentados por ambos encausados. « Lesiona el derecho de esta parte a un tribunal imparcial (...) se mutila el derecho a la prueba del artículo 24 de la Constitución Española, y el derecho a la tutela judicial efectiva, pues sin esperar siquiera al auto que debe formalizar la admisión de prueba, por medio de una filtración ya se anticipa su contenido«, indica. Por eso, se dirige al Poder Judicial para que «incoe expediente gubernativo a efectos de depurar las responsabilidades disciplinarias a que hubiera lugar« y para que »aclare si, efectivamente, ya se ha tomado la decisión de rechazar toda la prueba propuesta por esta parte que no coincida con la del fiscal«. Por otro lado, ha trascendido también que el nuevo procurador del exministro ha elevado escrito al Tribunal Supremo en el que informa de que el nuevo letrado de Ábalos, Marino Turiel , tiene la práctica totalidad del mes de marzo ocupado por un juicio programado ya con anterioridad en la Audiencia Provincial de Madrid. Esto impediría cumplir con el objetivo del Alto Tribunal de celebrar la vista oral en ese mes, algo que, según fuentes jurídicas consultadas por ABC, era lo deseado.