El número dos del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, minimiza la apertura de una nueva investigación judicial contra el Servicio Andaluz de Salud por fraude y prevaricación y la enmarca en una "estrategia desesperada del PSOE, que no levanta cabeza políticamente" Un juez abre la tercera investigación al Gobierno andaluz por “fraude” en los contratos a dedo con la sanidad privada El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha echado mano de manual para minimizar la importancia de la apertura de una nueva investigación judicial en Córdoba contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) -la tercera en esta legislatura- por fraude y prevaricación en los contratos menores y de urgencia con la sanidad privada. La respuesta es similar a la que ofreció la Junta cuando se abrieron diligencias procesales en las dos anteriores causas, una en Sevilla por los contratos de emergencia sin aparente amparo legal (donde está imputada la gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores); y otra en Cádiz por el fraccionamiento masivo de contratos menores, también con un alto cargo del SAS imputado. El consejero de Sanidad y de Presidencia, Antonio Sanz, asegura que esta tercera causa judicial forma parte de una “estrategia desesperada del PSOE” -querellante y personado como acusación popular- “que no levanta cabeza políticamente”. El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que pilota José Luis Rodríguez Lainz, ha incoado diligencias previas “de carácter criminal” a partir de una querella presentada por el PSOE el pasado 30 de octubre, contra el Hospital Reina Sofía de Córdoba, por tres posibles delitos administrativos: prevaricación administrativa, falsedad documental y fraude en la contratación pública durante los ejercicios 2020 y 2021. En ese periodo dirigía el hospital cordobés la hoy gerente del SAS, Valle García, imputada también en la causa de los contratos de emergencia. Sanz augura que esta nueva investigación judicial por irregularidades en la contratación del SAS quedará en nada, y ha vinculado la querella interpuesta por el PSOE con la denuncia que presentó hace dos meses Amama, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla que destapó el escándalo de los diagnósticos tardíos de cáncer, que afecta más de 2.317 mujeres (según cifras de la Junta). “Se dedican a denunciar a diestro y siniestro”, ha lamentado Sanz, que augura que “esta denuncia tendrá el mismo palo que han recibido cuando han querido hacer otras denuncias, como las de Fiscalía en relación con la manipulación o la desaparición de pruebas”. El consejero de Sanidad se refiere a la denuncia que llevó directamente Amama ante el Ministerio Público -no el PSOE- para denunciar la desaparición y posible manipulación de pruebas diagnósticas a algunas mujeres en su historial digital, alojado en los servidores informáticos del SAS (Click Salud). La Fiscalía abrió una investigación en 24 horas, pero la archivó un mes después.