Un interno agresivo que no quiere bajar al patio, dos funcionarias que entran en la celda "prácticamente sin medios" y acaban recibiendo "puñetazos y golpes por todo el cuerpo". Un compañero que acude a ayudar sufre la rotura de las gafas en sus propios ojos. Este episodio, ocurrido hace unos días en la cárcel de Valdemoro (Madrid), es el reflejo de un problema que, según los trabajadores penitenciarios, se ha vuelto insostenible: se produce una agresión cada 14 horas en las prisiones españolas, un 200% más que hace tres años. Así lo ha denunciado Francisco Macero, funcionario de prisiones con 32 años de experiencia, en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera. Macero trabaja en Alhaurín de la Torre, donde hay más de 1.100 internos para 836 plazas, lo que deja a un solo funcionario vigilando a "100 presos" en muchos módulos. El propio Macero sufrió una agresión en junio, cuando un interno le "soltó un puñetazo en la cara". Sin embargo, denuncia que tuvo que "exigir que se aplicara el protocolo de agresiones" porque, de lo contrario, "no se hubiera considerado agresión". Según explica, existe una orden no escrita para maquillar las cifras: "Las estadísticas se estropean". La razón, según el funcionario, es la presión para que el número de internos en primer grado (los más violentos) no supere el "1% de la población reclusa". "Si no, no parece que reinsertemos bien", critica Macero, quien afirma que por este motivo "muchas agresiones se tapan" y no se aplica el régimen de aislamiento al agresor como correspondería. Francisco Macero sostiene que el comportamiento de los reclusos ha cambiado. Aunque los delitos siguen siendo los mismos, se ha pasado de la violencia de los años 90 a un "buenismo" actual donde "prácticamente nada es sancionable". "La explicación no es que el interno esté presionado, es que el interno agrede porque puede, porque le sale gratis", sentencia. A esta sensación de impunidad contribuye la falta de medios defensivos. Los funcionarios no disponen de los "sprays de acción adecuada" (retirados) y la defensa de goma y los grilletes están en "un armario que hay que pedir". "Hasta que llegue alguien a echarte una mano, tú estás con la mano. Un bolígrafo estupendo", ironiza Macero sobre su material de trabajo para reducir a un interno violento. La falta de control se extiende a la entrada de drogas. Macero confirma el uso de "drones para dejar droga en las cárceles" y la recepción de cartas impregnadas en fentanilo o ketamina. Denuncia que no tienen medios para detectar estas sustancias ni pueden abrir las cartas por la ley de protección de la intimidad del recluso. "Para hacer una radiografía, él tiene que acceder a que se la haga. Si no accede, hay que pedir permiso a un juez", explica. Pese a que el problema lleva años siendo denunciado en los medios, los funcionarios se sienten abandonados por el Ministerio del Interior. Al ser preguntado por si el ministro Fernando Grande-Marlaska es consciente de la situación, Macero es tajante: "Me da a mí que sí, pero que no le importa mucho, también te lo digo". Considera que en España se ha creado un sistema en el que "lo único importante es que no salga en las noticias" y que se busca por todos los medios que "el interno esté lo mejor posible y no dé problemas". Macero concluye con una reflexión amarga sobre la capacidad de movilización del colectivo. Aunque son 25.000 trabajadores, asegura que jamás han jugado con la seguridad de los internos para presionar. "Jamás hemos utilizado los internos como moneda de cambio", afirma, lamentando que por ello "es difícil que ganemos nunca una batalla".