El Consejo de la Abogacía de Castilla y León ha mostrado su preocupación por el atasco judicial que puede provocar el nuevo modelo organizativo de la administración de justicia. Así lo ha manifestado su presidente, Fernando Rodríguez Santocildes, en una entrevista en COPE, donde ha advertido del perjuicio que la nueva estructura está ocasionando a la ciudadanía, especialmente por la centralización de los juzgados de violencia sobre la mujer en León y Valladolid. Desde el 1 de enero, el tradicional modelo de juzgado unipersonal ha sido sustituido por los llamados tribunales de instancia. Este cambio ha implicado, según Santocildes, una “reorganización muy importante” que está generando una notable “disfunción” en el funcionamiento de los órganos judiciales, una situación detectada por todos los operadores jurídicos. Esta reorganización se suma a los retrasos que ya padecía el sistema judicial desde la crisis sanitaria del COVID-19 y las posteriores huelgas en la administración de justicia. "Nos preocupa mucho que esto pueda suponer un nuevo retraso o una ralentización ya acumulada a los que veníamos padeciendo", ha señalado Santocildes. La situación perjudica a la ciudadanía, que ve cómo sus casos se demoran, y a los propios profesionales, cuya facturación se retrasa. Otro de los puntos críticos es la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer en las provincias de Valladolid y León, una medida que centraliza en las capitales y en Ponferrada las competencias de otros partidos judiciales. Santocildes ha recordado que experiencias previas en otras comunidades no han sido positivas. Esta concentración de casos en juzgados que ya nacen con “sobrecarga de trabajo” puede generar un “atasco” difícil de gestionar. "Nos preocupa que en materia de violencia sobre la mujer pueda suponer un distanciamiento de la justicia respecto a las víctimas”, ha afirmado el presidente, alertando del riesgo de “revictimización” por los desplazamientos y la sensación de lejanía del órgano judicial. El presidente de la abogacía ha subrayado que la creación de nuevas plazas de jueces, como las de violencia sobre la mujer en Valladolid y León, resulta insuficiente si no va acompañada de los medios y el personal funcionario necesarios para la tramitación de los procedimientos. "De poco sirve que haya jueces dispuestos a celebrar juicios y a dictar sentencias si la tramitación de los procedimientos no llega a tiempo", ha insistido. Finalmente, Santocildes ha puesto en valor las futuras oficinas municipales de justicia, que sustituirán a los antiguos juzgados de paz. El objetivo es dotarlas de medios tecnológicos para realizar diligencias por videoconferencia y, con el apoyo de las diputaciones provinciales, garantizar que la ciudadanía de los territorios más despoblados no se convierta en una “ciudadanía de segunda”.