El Gobierno de España ha planteado a la Comisión Europea la posibilidad de activar mecanismos legislativos que permitan limitar la adquisición de viviendas para usos no residenciales en las regiones ultraperiféricas, una medida orientada a aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario en territorios como Canarias y a mejorar el acceso a la vivienda para jóvenes y hogares vulnerables.