Julio Iglesias se enfrenta a las acusaciones de abuso sexual. Dos extrabajadoras, con los nombres ficticios de Rebeca y Laura , han puesto una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España , representadas por la organización benéfica Women's Link. Por su parte, Amnistía Internacional España ha decidido apoyar a las denunciantes y solicita que se investigue. Por eso han organizado una rueda de prensa a las 16 horas para exponer su caso y responder ante los medios de comunicación. Ambas esperan que se lleve a cabo una investigación para obtener reconocimiento y reparación. A continuación se reproduce íntegramente el comunicado que han hecho llegar desde la organización que las representa. Rebeca* y Laura*, dos mujeres latinoamericanas, han decidido hacer frente a quien señalan como su agresor, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España, representadas por Women's Link. De acuerdo con la denuncia presentada, Laura y Rebeca habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica— por parte de Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021 mientras laboraban en propiedades que el acusado tiene en República Dominicana y Bahamas. Según su testimonio, el denunciado las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato. El 5 de enero se pusieron en conocimiento de la Fiscalía hechos «que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre», «delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual», así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. Las experiencias denunciadas por Rebeca y Laura se habrían producido en un contexto de profundo desequilibrio de poder y de normalización del silencio. Durante cerca de cinco años, Rebeca y Laura no hablaron de lo sucedido por temor a represalias profesionales, a la falta de canales seguros de denuncia y a una cultura que históricamente ha desestimado y desacreditado las voces de las sobrevivientes. Hoy, Rebeca y Laura han decidido hablar con valentía y fortaleza, afirmando su derecho a exigir justicia. A través de la denuncia presentada, la fiscalía deberá realizar las diligencias pre procesales para investigar los hechos. Con esto, Rebeca y Laura esperan que se lleve a cabo una investigación, en relación con lo denunciado, para obtener reconocimiento y reparación, tal y como ellas la definen a continuación: «Hago esto por tres razones de justicia. La primera, por mí misma: por todo lo difícil que ha sido este proceso y por todo lo que he tenido que enfrentar para poder superarlo. La segunda, por las mujeres que trabajan en las casas de él: quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz, que recuerden que él no es invencible. Y la tercera, por mi país [República Dominicana]: para que algo así no vuelva a ocurrir y para que él entienda que no puede venir a hacer lo que quiera sin asumir las consecuencias». — Rebeca «Mi propósito es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él. Quiero llevar el mensaje de que las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no victimarias ni culpables». — Laura De acuerdo con los testimonios, sus experiencias podrían presentar similitudes con las de otras mujeres de América del Sur y del Caribe que habrían trabajado para el denunciado. Rebeca y Laura, al igual que otras posibles sobrevivientes, son mujeres latinas jóvenes, racializadas y en situación de vulnerabilidad que dependían enormemente de sus salarios debido a sus condiciones económicas y sociales. «Los hechos denunciados por Rebeca y Laura deben analizarse en el marco de estructuras sistémicas de opresión y abuso», dice Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women's Link. «Es común que estas estructuras se reflejen en dinámicas de violencia sexual, racismo, colonialismo y extractivismo de los cuerpos y vidas de mujeres. Forman parte de un sistema que deshumaniza a las mujeres racializadas y les niega su derecho a vivir libres de violencia y discriminación». El silencio y la desestimación usualmente perpetúan estas prácticas. Es por eso que, al compartir sus historias, Rebeca y Laura buscan visibilizar cómo operan estos sistemas y a quiénes impactan. Tras conocer los hechos, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional España ha decidido apoyar a las denunciantes y solicita que se investigue. Las investigaciones realizadas al respecto por Amnistía en distintos lugares del mundo revelan un patrón común en el que las víctimas de violaciones de derechos humanos son, en su mayoría, mujeres migrantes, racializadas y procedentes del sur global. En los sectores analizados, las situaciones de explotación no pueden considerarse «casos aislados», sino condiciones laborales montadas sobre una estructura que resta valor a la vida y al trabajo de las mujeres. «La violencia ejercida por empleadores contra trabajadoras remuneradas del hogar es una grave violación de derechos humanos. La falta de protección efectiva coloca a estas mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad que los Estados no pueden seguir ignorando», señala Ana Rebollar, directora adjunta de Amnistía Internacional España. Asimismo, la organización lamenta que los sistemas migratorios exacerben cada vez más la dependencia de las personas migrantes de su empleador, al ligar la autorización para residir en el país a ese contrato laboral, aumentando con ello el riesgo a estas situaciones de explotación y trata.Nuestras organizaciones reiteran su solidaridad y compromiso con Laura, Rebeca y todas las mujeres que podrían haber sido afectadas por las presuntas acciones de Julio Iglesias. Como una organización legal internacional, Women's Link ha utilizado los mecanismos legales necesarios para acompañar su denuncia y alcanzar justicia, tal como ellas la han definido. Las acciones legales de Women's Link buscan impulsar una justicia con enfoque feminista que reconozca el daño estructural causado por el racismo, el colonialismo y el machismo en el ámbito del trabajo doméstico. En ese sentido, acompañamos la lucha por garantizar medidas de reparación integral y de no repetición, así como para generar precedentes legales para transformar los marcos jurídicos en España. Entre ellos, impulsar que los tribunales españoles reconozcan la existencia de violencia sexual y de trabajo forzoso en el ámbito del trabajo de hogar y que, en ciertas circunstancias, son formas de trata y explotación, ampliando la interpretación del artículo 177 bis del Código Penal y del Convenio 189 de la OIT para incluir la explotación en hogares privados por parte de figuras públicas. Además, buscamos que estos estándares judiciales puedan fortalecer y generar cambios en las condiciones laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar racializadas y su protección frente a las violencias de género y sexual tanto en España como en República Dominicana. Particularmente, buscamos que esta denuncia impulse la creación de protocolos de acceso a la justicia que incluyan mecanismos de denuncia, protección de las sobrevivientes y reparación integral, así como la implementación efectiva del Convenio 189 de la OIT. «Escuchar, creer y respaldar a las sobrevivientes de violencia sexual, así como promover entornos laborales seguros, relaciones de poder equitativas y canales de denuncia accesibles y confiables, son condiciones indispensables para avanzar hacia una sociedad libre de violencias», agrega Jovana Ríos Cisnero. *Rebeca y Laura son pseudónimos por protección a las sobrevivientes.