La Junta de Castilla y León y las principales organizaciones profesionales agrarias (OPAs) han acordado por unanimidad formar un frente común para rechazar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en sus términos actuales. Tras la celebración del Consejo Regional Agrario, todas las partes han consensuado una postura unitaria de defensa del sector que se trasladará tanto al Gobierno de España como a las instituciones europeas. El principal escollo del acuerdo, según los participantes, es la falta de reciprocidad, ya que no exige a las importaciones de países de Mercosur los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales que se aplican en Europa. "No estamos en contra de los acuerdos comerciales, estamos en contra de una competencia absolutamente desleal", ha afirmado uno de los representantes agrarios. El documento pactado exige al Gobierno de España un análisis detallado del impacto del acuerdo y reclama la activación de "cláusulas de salvaguarda reales, efectivas e inmediatas" ante posibles caídas de precios o aumentos de importaciones. Además, se solicita un refuerzo de los controles en frontera y un llamamiento a los eurodiputados españoles para que rechacen la ratificación del tratado en el Parlamento Europeo. Las organizaciones agrarias han insistido en el riesgo que supone para los consumidores europeos, ya que podrían acabar consumiendo productos que no cumplen las normativas sanitarias comunitarias. En este sentido, un portavoz del sector ha sido tajante: "Si no se puede producir, no se puede consumir". El acuerdo pone en una situación crítica a producciones estratégicas para Castilla y León. Existe una seria preocupación por el futuro de la remolacha, que "puede perfectamente desaparecer", y por los cereales de secano, que ocupan un millón y medio de hectáreas y podrían abandonarse si los precios caen. También se ha alertado del peligro para el sector del vacuno de carne, donde la comunidad es una de las principales productoras a nivel nacional. Desde la Alianza por la Unidad del Campo formado por UPA y COAG apuntan que "Brasil está utilizando el 80 % de los productos fitosanitarios que están prohibidos en la Unión Europea", una práctica que, dudan, vaya a cambiar. La postura más contundente ha llegado desde La Unión de Campesinos, que ha expresado su "rechazo frontal y absoluto al acuerdo MERCOSUR". Argumentan que el tratado supondrá una "invasión de productos" que hundirá los precios y han puesto en duda la viabilidad jurídica de las cláusulas de salvaguardia. Por su parte, la consejera de la Junta de Castilla y León, María González  Corral, ha confirmado que la posición del gobierno autonómico es que solo apoyarán el acuerdo si se garantizan "el principio de reciprocidad real y efectiva" y las mencionadas cláusulas. La próxima semana, trasladará esta preocupación al ministro del ramo en la reunión del consejo consultivo.