La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, ha mantenido este miércoles una reunión con la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, en la sede de la Consejería en la capital andaluza. En una declaración ante los medios el tío de la menor, Isaac Villar, ha agradecido el apoyo de la Junta en la investigación y ha señalado que "se mantienen todas las vías abiertas" a la espera que avance la parte judicial. "Nos han declarado que van a llegar hasta el final de la investigación y que tomarán todas las medidas acorde a los hechos que se demuestren", ha afirmado el portavoz de la familia, que también ha agradecido "el cariño que están recibiendo de la sociedad". "Ojalá esto sirva para que sea un antes y un después y se cambien todas las normas o todas las leyes que haya que cambiar para que estas situaciones no se repitan", ha remarcado el tío de Sandra. Por otro lado, Villar ha confirmado que el juzgado ha admitido la querella presentada el pasado viernes contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el personal docente del centro que, presuntamente, habría estado "implicado" en el presunto suicidio de la menor, que tuvo lugar el pasado 14 de octubre. Según la familia hay ciertos indicios de las diligencias practicadas por la Fiscalía al respecto de la actuación y posible responsabilidad de los profesionales del centro educativo en el que estudiaba la víctima llevan a concluir "sin lugar a dudas" la posible implicación de los mencionados docentes en el caso, dada su "falta" de actuación en el presunto caso de acoso que podría haber sufrido Peña. Por ello, la familia alega que los implicados habrían cometido homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante. La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima. Desde la dirección del colegio privado concertado se ha venido pidiendo "cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa" en torno al citado caso, que movilizó a finales de octubre a miles de estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudiantes en las calles de las principales ciudades españolas, para acabar "con el monstruo del bullying". Las manifestaciones fueron convocadas en 55 ciudades de todo el país en el marco de una huelga estudiantil.