El acceso a la vivienda en España se enfrenta a un nuevo obstáculo. El Gobierno prepara una nueva regulación que, según un informe al que ha tenido acceso el diario El Mundo, podría encarecer de media en 18.000 euros cada piso de nueva construcción. Esta medida, debatida en el programa 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja, llega en un momento de máxima tensión en el sector inmobiliario. La normativa, que el Ejecutivo considera 'técnica' y, por tanto, no necesita pasar por el Congreso para su aprobación, impone requisitos más estrictos para la edificación. Entre las medidas que denuncian promotores, constructores, arquitectos y aparejadores se encuentra la obligación de construir viviendas con al menos dos plazas de aparcamiento para bicicletas por piso y reducir el consumo energético en un 22% Desde el sector, las alarmas ya han saltado. Jorge Ginés, director general de Asprima, ha explicado en COPE que, aunque están a favor de las directivas europeas, el coste añadido es inasumible en la coyuntura actual. "Hemos hecho las alegaciones indicando que sí directiva, sí modificación del código técnico, pero no más allá del coste que puede tener, porque entendemos que no es el momento", ha señalado Ginés. Ginés también ha recordado que este sobrecoste en la construcción no es el precio final, ya que después "llevan sus correspondientes impuestos". Esto implica que el encarecimiento repercutirá en toda la cadena de valor y, en última instancia, en el comprador, en un momento en que la oferta de vivienda ya es muy limitada. Esta nueva regulación se suma a un cóctel de problemas que ya tensionan el mercado. Según se ha analizado en 'Mediodía COPE', el alto precio de la vivienda nueva se debe a la falta de suelo urbanizable, mano de obra cara para los promotores y los impuestos abusivos que gravan todo el proceso constructivo. El catedrático experto en vivienda, Sergio Nasarre Aznar, ha apuntado a una raíz más profunda del problema. Según Nasarre, en el pasado se tomó una "decisión política" para frenar la construcción y orientar las ayudas públicas exclusivamente al alquiler, apartando a las familias de la posibilidad de comprar. Nasarre ha afirmado que aquella decisión consistió en "dificultar, pues que la gente más humilde no pudiese seguir pidiendo hipotecas y pudiese comprarse un piso". El resultado, según el experto, ha sido una pérdida de 20.000 unidades de oferta de alquiler en el mercado en solo un año, un fenómeno agravado por la inseguridad jurídica y, "muy, muy especialmente en Cataluña, por el tema de control de rentas".