El conflicto entre los vehículos de transporte con conductor (VTC) y el sector del taxi ha vivido un nuevo episodio en Cataluña. El presidente ejecutivo de la patronal Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha instado formalmente al Govern de la Generalitat y a los partidos políticos con representación parlamentaria a introducir enmiendas en la propuesta de ley que debe regular el sector. Esta petición llega inmediatamente después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) haya anulado varios artículos clave del reglamento que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó en 2019, en una decisión que Berzal ha calificado como "un otro revés judicial" para la entidad metropolitana y que ha valorado de forma "muy positiva". La resolución judicial, avanzada por 'La Vanguardia', supone un duro golpe a la normativa impulsada por la AMB hace más de cinco años. En concreto, el fallo anula tres de las medidas más restrictivas que contenía el texto. La más conocida era la obligación de precontratar los servicios con una hora de antelación, una condición que limitaba enormemente la operatividad de las VTC frente a la inmediatez del taxi. Además, el TSJC también ha tumbado la prohibición del uso de la geolocalización de los vehículos antes de su contratación, lo que impedía a los usuarios ver qué coches tenían cerca. Por último, la sentencia también anula el límite máximo de 10 horas diarias en la prestación del servicio para los conductores de VTC. Desde la patronal, se considera que este dictamen es de una gran relevancia, ya que, en palabras de su presidente, "reafirma" la posición que Unauto ha mantenido durante todo el proceso de debate sobre el futuro del sector. José Manuel Berzal ha subrayado que la decisión del alto tribunal catalán "legitima todavía más" sus argumentos y, por ello, ha insistido en que "se debe modificar" el texto de la futura ley catalana que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria. Para la organización, este fallo judicial es una prueba más de que las restricciones impuestas hasta ahora carecían de base legal y respondían a otras motivaciones. El presidente de Unauto VTC ha recordado que la nueva normativa que se debe debatir en la cámara catalana vuelve a incluir "cuestiones como el tiempo de espera", un requisito que ahora ha sido anulado por el TSJC y que, en su momento, ya fue tumbado por el Tribunal Constitucional. Berzal ha sido especialmente crítico con la propuesta de regulación, que contempla que los vehículos VTC "no puedan hacer servicios urbanos". Atribuye esta medida a "una decisión caprichosa del mundo del taxi", al que acusa de buscar una única finalidad: "quiere mantener su monopolio". Esta acusación de Berzal no se ha limitado al sector del taxi, sino que la ha extendido a las administraciones y a los legisladores. En este sentido, el responsable de la patronal ha reprochado directamente al Govern y a los grupos parlamentarios que, en su opinión, sean "cómplices de esta ilegalidad" al seguir adelante con una regulación que incluye aspectos ya invalidados por la justicia. Considera que legislar en contra de sentencias firmes deteriora la seguridad jurídica y perjudica a un sector que busca operar dentro de un marco normativo claro y estable. La insistencia en medidas restrictivas es vista por Unauto como una cesión a las presiones del taxi en detrimento de la libre competencia y el derecho a elegir de los consumidores. Ante este nuevo escenario, José Manuel Berzal ha hecho una llamada a "sentarse a pactar" con todas las fuerzas políticas implicadas. El objetivo, ha señalado, es conseguir una ley "aprobada con un alto grado de consenso" que ofrezca estabilidad y futuro al sector de las VTC en Cataluña. Berzal ha recalcado la necesidad imperiosa de que la nueva legislación cumpla escrupulosamente con la normativa vigente a nivel europeo y estatal y, "como no podía ser de otra manera, con las sentencias judiciales" que se están dictando de manera recurrente a favor de sus tesis. Para Unauto VTC, el diálogo es la única vía para poner fin a años de conflicto y diseñar un ecosistema de movilidad donde todos los actores tengan cabida. La patronal insiste en que la resolución del TSJC brinda una oportunidad para reconducir la situación y legislar con criterios técnicos y jurídicos, dejando a un lado las presiones corporativistas. La organización confía en que los grupos parlamentarios tomen nota del fallo y se abran a modificar la propuesta de ley para alinearla con la jurisprudencia y garantizar una competencia justa y equilibrada en el transporte urbano de pasajeros.