El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP) del Congreso de los Diputados, del que forman parte parlamentarios de todos los grupos salo PP y Vox, achaca infracciones graves a Vito Quiles y Bertrand Ndongo y ha elevado el caso a la Mesa de la Cámara Baja, que deberá decidir si suspende o no su acreditación como periodistas. Tanto Quiles, de 'Estado de Alarma' ('EDATV'), como Ndongo, de 'Periodista Digital', habían sido denunciado a finales de diciembre por incidentes en la Cámara Baja y podrían ser sancionados hasta con la retirada de su credencial por un periodo que media entre los once días y los tres meses. La Mesa del Congreso estudiará este jueves los informes redactados por el citado consejo, del que también forman parte sin capacidad de voto representantes de asociaciones de periodistas, a los que ha tenido acceso ABC. Si decide continuar con la tramitación del expediente, el órgano de gobierno de la Cámara designará a un letrado como instructor para seguir adelante con un procedimiento en el que deberá permitir a los investigados que realicen alegaciones. El plazo para que la Mesa decida si impone o no sanciones es de seis meses y su decisión puede ser objeto de recurso. En concreto, la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) denunció a Vito Quiles por dos altercados en los que, según concluye el consejo tras analizar las pruebas presentadas incurrió en un total de cinco infracciones tipificadas como graves en el artículo 98.6 del Reglamento del Congreso. Así, el CCCP considera que Quiles incurrió en dos de estas infracciones al grabar con su móvil en una zona no autorizada del Congreso --por no estar acreditado como prensa gráfica-- y difundir las imágenes por redes sociales el pasado 11 de diciembre. «Los hechos se produjeron a la salida de un acto organizado por la institución cuando el denunciado persiguió contra su voluntad al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y, más tarde, difundió dichas imágenes grabadas sin autorización en sus redes sociales», relata el escrito. En un segundo informe sobre Quiles, redactado a raíz de otra denuncia de la APP por su comportamiento el pasado 20 de noviembre, el consejo describe que, «a pesar de ser advertido por funcionarios de la Cámara y por periodistas acreditados de que no estaba en un área autorizada para grabación, captó imágenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contradiciendo de manera flagrante» su voluntad de no ser entrevistado y después las difundió en sus redes sociales. Por ello le achaca otras tres posibles infracciones graves. Por su parte, a Bertrand Ndongo se le abrió expediente a instancias de una denuncia presentada por Sumar tras el incidente ocurrido durante una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez Barbero, el pasado 25 de noviembre. En este caso, el consejo observa la posible comisión de dos infracciones graves por interrumpir el acto informativo y por «incumplir las directrices e instrucciones del personal responsable de forma consciente, deliberada y repetida». Este órgano considera probado que la rueda de prensa se vio «violentada» y su desarrollo «severamente distorsionado», mientras el denunciado «hacía caso omiso de las instrucciones para mantener el orden e ignoraba el turno establecido». Eso, añade el informe, «afectó negativamente la labor de los representantes de los medios de comunicación que trataban de hacer su trabajo, lo cual reviste una insoslayable gravedad». «El incidente, además, implicó el ejercicio de una visible violencia verbal sobre la diputada y la periodista afectada, hecho impropio de un acto en sede parlamentaria», sentencia el Consejo Consultivo de Comunicación. Según el Reglamento del Congreso, las infracciones graves se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre 11 días y tres meses , y el plazo de prescripción de éstas comenzará a contarse desde el día en que se hubieran cometido, si bien en el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora. La sanción se impondrá al representante del medio de comunicación que hubiera llevado a cabo la infracción, aunque si se trata de una infracción grave o muy grave, el medio de comunicación representado por la persona sancionada no podrá sustituirla por otra durante el tiempo que dure la suspensión de la credencial. Eso sí, en el caso de las infracciones graves se hayan producido en más de dos ocasiones en el plazo de un año «o de modo que se perjudique de manera muy grave el normal funcionamiento de la Cámara», el Reglamento señala que pasarán a considerarse muy graves y, en ese caso, la sanción podría suponer la retirada de la credencial de entre tres meses y un día a tres años o, en su caso, con la revocación definitiva de la misma. Tras analizar estos informes, será la Mesa del Congreso la que decida este jueves sobre la tramitación del procedimiento, designando a las personas encargadas de la instrucción y abriendo un plazo de alegaciones para los afectados, que en todo caso, podrán recurrir si finalmente son sancionados.