La Audiencia Provincial de Córdoba juzgará la próxima semana a un hostelero acusado de estafar a los propietarios de un establecimiento comercial y de apropiarse indebidamente de su mobiliario, maquinaria y otros bienes, tras hacerse con la gestión del negocio bajo falsas promesas de compra. Según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, el acusado mantenía desde tiempo atrás una relación de confianza con la entidad titular del local, para la que actuaba como proveedor y mostraba un constante interés por la gestión del establecimiento. Aprovechando esa relación y la buena fe de los propietarios, habría propuesto hacerse cargo del negocio mediante un traspaso, que quedó acordado de forma verbal. El acuerdo incluía la entrega inmediata de las llaves del local y la autorización para gestionar el negocio mientras se ultimaba la documentación necesaria para formalizar el contrato . No obstante, el acusado nunca llegó a firmar dicho traspaso ni a abonar la cantidad pactada, pese a comprometerse a ello reiteradamente. Para justificar el impago, el procesado habría solicitado aplazar el desembolso alegando que necesitaba tiempo para consolidar la actividad, ofreciendo como garantía una finca. Confiando en ese compromiso, la parte perjudicada aceptó entregar definitivamente el negocio, junto con todo su fondo de comercio : mobiliario, instalaciones, mercancía, permisos administrativos y contratos con proveedores. Desde ese momento, el acusado asumió la gestión y administración del establecimiento. Se comprometió a cambiar a su nombre los contratos de suministros y a hacerse cargo de todos los gastos, pero fue «demorando indefinidamente la formalización del traspaso, siempre con diversas excusas», según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público. Finalmente, según el fiscal, el acusado abandonó el local sin cumplir sus compromisos económicos y, antes de hacerlo, se llevó bienes y maquinaria del negocio, trasladándolos a otro establecimiento , pese a haber prometido que cumpliría todas sus obligaciones. Para el Ministerio Público, estos hechos constituyen un delito de estafa agravada y un delito de apropiación indebida, por lo que solicita para él una pena total de dos años y nueve meses de prisión , además de multas por un importe de 5.400 euros , así como la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas judiciales.