El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este miércoles ha terminado en un clamor unánime de rechazo : catorce comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE, han desautorizado el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez a través de su ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La excepción, como cabía esperar, ha sido Cataluña. El núcleo del conflicto no reside en la mejora cuantitativa -que en teoría beneficiaría a todos con unos supuestos «nuevos» ingresos fiscales que proceden en realidad de esquilmar a los contribuyentes, al no deflactar la tarifa del IRPF ni actualizar deducciones- sino en los criterios utilizados y en la forma de negociación: bilateral, opaca y orientada a satisfacer las exigencias de ERC . Se trata de una propuesta cerrada y pactada solo con la Generalitat, que ahora se pretende extender al resto del país como un hecho consumado. En palabras de la consejera andaluza Carolina España, lo que Montero ofrece es «caviar para Cataluña, y menú del día -sin postre- para el resto». El planteamiento del Ejecutivo rompe con el principio de solidaridad interterritorial que ha sostenido hasta ahora nuestro modelo autonómico. Bajo el eufemismo de la «ordinalidad» -ese concepto ambiguo que permite que quien más aporta también sea quien más recibe- se esconde una cesión inaceptable al chantaje del independentismo , en un intento de asegurar apoyos parlamentarios al precio de fracturar el equilibrio constitucional. La reacción de las comunidades ha sido contundente y transversal. Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, ha calificado el nuevo sistema como «un paso más hacia la ruptura del país» y ha exigido su retirada inmediata. Su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, fue aún más claro: el modelo «nace del chantaje de los independentistas catalanes» y «es incompatible con la igualdad» . Asturias, otro bastión socialista, también ha expresado su descontento, aunque con menor estridencia. Montero ha insistido en que la adscripción al modelo será voluntaria. «Al que no le gusta el sistema puede quedarse en el actual», ha dicho. Pero esa supuesta voluntariedad encierra un segundo chantaje: dejar fuera del nuevo reparto a las comunidades que no lo acepten equivale a penalizarlas financieramente y convertir en privilegio lo que debería ser derecho. Es un dilema injusto: o se asume el modelo impuesto, o se acepta seguir recibiendo menos recursos. La ministra finge equidad donde solo hay cesión y cálculo político. El CPFF, que debería ser un espacio de diálogo multilateral para acordar las bases de un sistema de financiación justo, ha sido reducido por el Gobierno a una formalidad administrativa. El modelo ya está pactado con ERC; el resto solo puede alinearse o quedar relegado. De ahí que varias comunidades, entre ellas Madrid, Galicia y Murcia, hayan anunciado que explorarán vías legales, incluso ante el Tribunal Constitucional, para frenar esta deriva. El Ejecutivo se equivoca si cree que este tipo de concesiones a los nacionalistas puede llevar al sosiego institucional. Al contrario: deslegitima aún más el sistema de financiación y alimenta la desafección del resto de territorios. El equilibrio fiscal no puede construirse desde la arbitrariedad, y menos aún desde el oportunismo. Si el Gobierno desea abordar de verdad una reforma del sistema de financiación, debe hacerlo con transparencia, lealtad institucional y vocación de consenso. Lo contrario, como ha quedado claro en esta ocasión, solo conduce al descrédito, al enfrentamiento y al debilitamiento del modelo autonómico. La financiación de las comunidades no puede ser el precio de la legislatura.