Lo que comenzó siendo una investigación centrada en un supuesto "pelotazo" sanitario durante los meses más duros de la pandemia ha terminado por destapar una estructura de corrupción mucho más profunda y arraigada. Las últimas pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirman que el escándalo de las mascarillas vinculado al Partido Popular de Almería era solo la "punta del iceberg". Según se desprende del auto judicial fechado el pasado 2 de enero, al que ha tenido acceso la Cadena SER, existía una presunta organización criminal que operaba mucho antes de la llegada del Covid-19, orquestando amaños de contratos públicos no como hechos aislados, sino como parte de una dinámica sistémica. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería es contundente en sus conclusiones preliminares, señalando directamente a la cúpula política de la provincia. El juez sitúa al entonces presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, como el "eje central" de esta trama. El magistrado apunta que la red actuaba con el "pleno conocimiento, aquiescencia y participación" del presidente, aprovechando la institución para generar oportunidades de negocio ilícito. La investigación describe una maquinaria engrasada donde la adjudicación del contrato de material sanitario fue simplemente una oportunidad más generada en el seno de este sistema ilícito de adjudicaciones, el cual ignoraba los principios rectores de la contratación pública para favorecer intereses personales y económicos, según desprende el propio magistrado. El auto judicial dibuja la estructura de esta presunta organización criminal en un doble plano perfectamente coordinado. Por un lado, se encontraba el nivel político, constituido por una serie de cargos públicos que presuntamente no solo posibilitaban y propiciaban las irregularidades, sino que se beneficiaban de ellas a nivel personal. Por otro lado, operaba el brazo empresarial, formado por una red de sociedades y empresarios que participaban en el esquema, bien recibiendo los contratos directamente o facilitando que otras empresas lo hicieran, siempre bajo la estricta dirección de los responsables públicos, según el juez. En este sentido, el juzgado ha ampliado la lista de investigados sumando a seis nuevos empresarios y señalando a siete sociedades concretas —entre las que figuran OYC Servicios Urbanos, Albaida Infraestructuras o Construcciones Nila— que habrían sido utilizadas para canalizar una treintena de contratos a cambio de mordidas. Uno de los aspectos más reveladores y surrealistas de la investigación es el lenguaje en clave que utilizaban los implicados para comunicarse. La UCO ha analizado exhaustivamente el chat de WhatsApp denominado 'Naranjito', compartido por Javier Aureliano García, el exvicepresidente Óscar Liria y el diputado Fernando Giménez. Los investigadores descubrieron que los políticos empleaban una jerga relacionada con la odontología de forma "absurda, abusiva y un número de veces inexplicable" para camuflar sus conversaciones sobre licitaciones y cobros ilegales. Frases como "te vas a poder cambiar la piñata entera", "tengo las muelas picadas por tu culpa" o "necesito empastarme dos o tres muelas" eran, según la Guardia Civil, referencias veladas al cobro de comisiones y al reparto de beneficios ilícitos. El juez destaca...