Los abogados del turno de oficio en Valladolid tramitaron más de 8.300 asuntos durante 2025, un incremento del 0,7% respecto al año anterior. A pesar de que las cifras oficiales muestran un descenso en los casos penales y civiles, la carga de trabajo real no deja de crecer. Fernando Rosat, responsable del Turno de Oficio del Colegio de la Abogacía de Valladolid, ha analizado la situación en una entrevista en el programa Herrera en COPE. Rosat ha destacado que el aumento de casos evidencia que "la justicia gratuita es un pilar fundamental de nuestro estado social de derecho". Este servicio está pensado para personas o colectivos vulnerables que acrediten insuficiencia de recursos, aunque también se concede sin este requisito a víctimas de violencia de género, menores y trabajadores para reclamaciones en la jurisdicción social. Aunque las estadísticas reflejan una caída en expedientes penales del 1,2% y civiles del 6%, el responsable del Turno de Oficio aclara que se debe a un cambio de protocolo en la forma de contabilizarlos. "El número de tramitaciones de expedientes de justicia gratuita ha decaído, pero no así la carga de trabajo, que sigue aumentándose año a año", ha explicado Rosat. La situación de los 373 abogados adscritos al servicio en Valladolid es cada vez más precaria. Fernando Rosat ha sido contundente al afirmar que es "imposible sobrevivir económicamente solo con los asuntos del turno de oficio". La mayoría de los letrados se adscriben de forma voluntaria, movidos por la vocación y el servicio a la sociedad. La principal reivindicación del colectivo es la actualización de la Ley de Justicia Gratuita, que data de 1996 y consideran "totalmente desfasada". Según Rosat, esta normativa "no responde a las necesidades que precisan los solicitantes ni mucho menos está regulado todas las incidencias que demandamos los profesionales". Las negociaciones con el Ministerio de Justicia para mejorar sus condiciones avanzan con lentitud. Rosat ha lamentado que el compromiso para actualizar los baremos de compensación a principios de año "no se ha llevado a efecto" y que la tramitación de una nueva ley que regule su estatuto no tiene "avisos de seguir adelante".