La realidad del pequeño comercio en España ha dejado de ser una cuestión de ventas para convertirse en una carrera de obstáculos legales y fiscales. Luis, carnicero de un barrio madrileño con más de cuatro décadas de experiencia, personifica el agotamiento de un sector que se siente "acribillado" por una administración que, lejos de facilitar la actividad, parece volcada en complicarla. El volumen de regulación ha alcanzado niveles sin precedentes. Solo en el último año se aprobaron 1.400 normas legislativas, lo que supone un incremento de la burocracia de casi el 200% respecto a 2019. Para un pequeño empresario, esto se traduce en horas extra de papeleo que no generan ingresos. Para un pequeño empresario como Luis, esto se traduce en horas de gestión que te roban tiempo: “Es que ha llegado un momento en que tienes que meterte media hora más porque has tardado más tiempo en la burocracia que en realizar tu trabajo” La presión no es solo normativa, sino económica. La combinación de impuestos y seguros sociales (que suponen un 40% adicional al sueldo) está forzando a los negocios a reducir sus plantillas y horarios de apertura. Luis ha pasado de tener dos empleados a solo uno, cerrando por las tardes porque la facturación ya no cubre los costes fijos. A esto se suma la obligatoriedad de sistemas como Verifactu, que exige inversiones tecnológicas costosas. El carnicero lamenta que, si el Gobierno quiere controlarlo todo, debería facilitar los medios: “El Gobierno me exige que le comunique todo lo que vendo, pero te tienes que gastar tú los 3.000 pavos que vale la maquinita”. El sector denuncia que el problema no es solo la cantidad de impuestos, sino la incertidumbre. Las normas cambian de un día para otro, dejando obsoletas inversiones y formaciones previas. Esta inseguridad, sumada a la inflación, está transformando los hábitos de consumo. Para los autónomos, la sensación es de un goteo incesante que no termina en el local: “Es que yo como de mi tienda, pero salgo, echo gasolina y pago impuestos, compro tabaco y pago impuestos, me tomo un café y pago impuestos”. El resultado es un tejido empresarial, compuesto en un 99% por pymes, que se siente asfixiado por un sistema que prioriza el control administrativo sobre la supervivencia del negocio.