Desde los señalamientos que rodean a las disidencias de alias Calarcá hasta las denuncias por espionaje producto de investigaciones relacionadas con la Segunda Marquetalia, una cadena de revelaciones ha puesto en entredicho la relación entre sectores del Estado y grupos armados ilegales durante el gobierno de Gustavo Petro. Le puede interesar: “Me sacó del chat”: Carlos Carrillo habla de “jugada infantil” de Angie Rodríguez en su contra Lo que inicialmente parecía un caso aislado terminó convirtiéndose en un mosaico de presuntos nexos, filtraciones y omisiones institucionales que hoy alimentan uno de los mayores escándalos políticos y de seguridad de los últimos años. El primer gran escándalo estalló cuando se conoció que la Fiscalía General de la Nación llevaba más de un año con pruebas técnicas que apuntarían a una relación directa entre las disidencias de las Farc lideradas por Calarcá y altos funcionarios del Estado. Según las revelaciones periodísticas, en manos del ente investigador reposan chats, audios, cartas y celulares que darían cuenta de presuntos canales de comunicación entre esa estructura armada ilegal y miembros del Ejército , así como funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia. Lea también: Trágico: en 151% aumentó el reclutamiento de niños y niñas en Colombia en 2024 Los archivos recogidos señalan que, presuntamente, desde instancias oficiales se habría facilitado información sensible sobre operativos, permitiendo que cabecillas evadieran capturas, e incluso se habrían usado vehículos del Estado para mover guerrilleros sin levantar sospechas. A pesar de la gravedad de estos señalamientos —que incluyen menciones a una supuesta financiación política—, el caso no mostró avances sustanciales durante meses, lo que alimentó cuestionamientos sobre la falta de acción de la Fiscalía. El episodio del retén militar en el nordeste antioqueño, en julio de 2024, profundizó la polémica. Allí fueron interceptados varios jefes de la disidencia de Calarcá, custodiados por escoltas de la Unidad Nacional de Protección y acompañados por un menor de edad , lo que constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario. Pese a ello, los capturados fueron dejados en libertad tras una orden de la Fiscalía, bajo el argumento de que tenían la condición de “gestores de paz”. Aunque sus pertenencias —entre ellas teléfonos celulares— quedaron en poder de las autoridades, la decisión reforzó la percepción de un trato excepcional hacia ese grupo armado. Con el paso de las semanas, y justo cuando el escándalo por las filtraciones ganó fuerza en la opinión pública, la Fiscalía activó de manera simultánea varios procesos de alto impacto que llevaban tiempo estancados, lo que despertó sospechas sobre un posible intento de desviar el foco mediático y político. Por el momento, la Fiscalía no ha proporcionado más actualizaciones en torno al caso de los archivos de Calarcá. El segundo gran frente se abrió hace un día, cuando Andrés Idárraga, exsecretario de Transparencia de la Presidencia y hoy ministro de Justicia encargado, denunció haber sido víctima de interceptaciones ilegales mientras investigaba posibles nexos entre sectores del Ejército, el Ministerio de Defensa y grupos armados como la Segunda Marquetalia y las disidencias de Iván Mordisco. Un informe forense independiente concluyó que su teléfono fue intervenido miles de veces, con activaciones no autorizadas de micrófono y cámara, y que se habría utilizado un software de espionaje de alto nivel. Según Idárraga, el objetivo de estas interceptaciones habría sido frenar o desacreditar sus indagaciones sobre filtraciones de información, desvío de armas y avisos previos a operaciones militares que permitían a los grupos ilegales escapar. De hecho, en entrevista con Daniel Coronell, Idárraga aseguró que tenía indicios sobre que, supuestamente, fuentes de las Fuerzas Armadas de Colombia habrían dado aviso sobre el bombardeo que se efectuaría en Guaviare a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC). Sí, la vez en la que murieron menores de edad. “Los jefes escaparon y murieron niños” , dijo Idárraga en la entrevista. En contexto: Defensoría del Pueblo confirma muerte de seis menores en bombardeo del Ejército en Guaviare y contradice versión del Gobierno Por su parte, el ministro de Defensa negó de manera tajante estas acusaciones y aseguró que no existe orden alguna para interceptar a funcionarios del Gobierno , además de insistir en que ese tipo de software ya no se utiliza en el país. Sin embargo, documentos internos de contrainteligencia revelados por el funcionario mostrarían como, supuestamente, las investigaciones de Idárraga eran vistas como una “amenaza interna”, lo que intensificó el debate sobre si dentro del Estado se estaría persiguiendo a quienes intentan destapar posibles redes de corrupción y connivencia con actores armados ilegales. El caso acaba de quedar en manos de la Fiscalía, por lo que hay varias preguntas aún sin respuesta. Lea también: Ministro de Justicia, Andrés Idárraga, denuncia que lo están chuzando desde el propio Gobierno: “No confío en el ministro Sánchez”